La justicia española dio un nuevo giro al caso que involucra a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, luego de que el juez Juan Carlos Peinado ordenara la apertura de juicio oral en su contra por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de recursos públicos. Como parte de las medidas cautelares, el magistrado también determinó retirarle el pasaporte, prohibirle salir del territorio español y obligarla a comparecer ante el juzgado cada quince días.

La resolución judicial también alcanza a Cristina Álvarez, exasesora de Gómez, quien enfrentará el mismo proceso por delitos similares, mientras que el empresario Juan Carlos Barrabés será juzgado por presuntos actos relacionados con tráfico de influencias y corrupción en el ámbito privado. El juez justificó las medidas cautelares al considerar que existe riesgo de fuga, argumento impulsado por la acusación popular encabezada por organizaciones como Hazte Oír. La decisión de abrir juicio oral no admite recurso, aunque la defensa sí podrá impugnar las restricciones impuestas.

El caso se ha convertido en uno de los asuntos políticos y judiciales más controvertidos de España durante los últimos dos años. La investigación se centra en presuntas irregularidades relacionadas con actividades profesionales desarrolladas por Gómez en la Universidad Complutense de Madrid, así como en la posible utilización de su posición como esposa del jefe del Gobierno para favorecer determinados proyectos empresariales. La Fiscalía ha solicitado en diversas ocasiones el archivo de la causa al considerar que no existen elementos suficientes para sostener las acusaciones, mientras que la defensa mantiene que se trata de una persecución política y judicial.

La decisión provocó una inmediata reacción del Gobierno español y del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), cuyos dirigentes calificaron la actuación judicial como un “atropello” y denunciaron una supuesta persecución contra la esposa del presidente. Desde la oposición, en cambio, se defendió la actuación de los tribunales y se exigieron explicaciones al Ejecutivo. El proceso judicial se desarrollará mediante un jurado popular, en un contexto de elevada polarización política que mantiene bajo presión al Gobierno de Pedro Sánchez a menos de un año de las próximas elecciones generales.