El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República, Manuel Añorve Baños, cuestionó la efectividad de la estrategia del Gobierno Federal para combatir el robo y tráfico ilegal de combustibles, al señalar que, mientras la administración de Morena presume avances en el combate al llamado «huachicol», continúan surgiendo datos que, a su juicio, evidencian la magnitud del problema y la falta de resultados en el control de este delito.

A través de un mensaje difundido en su cuenta de la red social X, el legislador afirmó que durante un periodo de apenas 52 días ingresaron ilegalmente al país 144 millones de litros de combustible, además de que existen 80 millones de barriles de petróleo crudo y condensados que, aseguró, no aparecen registrados en los controles oficiales de Petróleos Mexicanos (Pemex). Ante ello, lanzó un cuestionamiento directo a las autoridades federales: «¿Quién responde por este robo?»

El senador priista sostuvo que el combate al mercado ilícito de combustibles debe traducirse en resultados verificables y en una rendición de cuentas transparente, especialmente cuando el Gobierno Federal ha colocado esta estrategia como uno de los ejes centrales de su política de seguridad y combate a la corrupción. Añorve consideró que las inconsistencias en los volúmenes de hidrocarburos reportados y las denuncias sobre el denominado «huachicol fiscal» obligan a esclarecer el destino de millones de litros de combustibles y barriles de petróleo que, según diversos señalamientos públicos, no aparecen plenamente documentados.

En los últimos meses, el tema del tráfico ilegal de combustibles ha cobrado relevancia nacional luego de diversos decomisos de hidrocarburos, aseguramientos de buques, autotanques y terminales de almacenamiento, así como investigaciones relacionadas con redes dedicadas a la importación irregular de petrolíferos mediante esquemas de evasión fiscal y documentación presuntamente apócrifa. Estas operaciones han sido identificadas por autoridades mexicanas y estadounidenses como parte de un esquema distinto al robo tradicional de combustible mediante tomas clandestinas, conocido como «huachicol fiscal», modalidad que consiste en introducir combustibles al país mediante declaraciones falsas para evadir impuestos y controles aduaneros.

En este contexto, el Gobierno Federal ha informado sobre operativos coordinados entre dependencias federales para combatir estas redes, mientras que organismos nacionales e internacionales han advertido que el tráfico ilegal de combustibles representa una de las principales fuentes de financiamiento para organizaciones del crimen organizado, debido a las ganancias millonarias que genera la comercialización ilícita de gasolinas, diésel y otros hidrocarburos.

Añorve Baños consideró que, frente a este panorama, no basta con anunciar decomisos o presentar cifras sobre aseguramientos, sino que es indispensable esclarecer el destino de los combustibles que presuntamente ingresaron de manera irregular al país y determinar las responsabilidades administrativas y penales de quienes hayan participado en estas operaciones.

El coordinador de los senadores del PRI señaló que la ciudadanía merece conocer con precisión qué ocurrió con los volúmenes de combustible y petróleo que no aparecen en los registros oficiales y pidió a las autoridades competentes informar sobre el avance de las investigaciones, así como reforzar los mecanismos de vigilancia, fiscalización y transparencia en la industria energética.

Finalmente, Manuel Añorve sostuvo que el combate al robo de combustibles debe mantenerse como una prioridad nacional, pero enfatizó que los resultados solo podrán evaluarse mediante información verificable, rendición de cuentas y el deslinde de responsabilidades cuando existan indicios de irregularidades que afecten el patrimonio de la nación y las finanzas públicas.