El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, Ignacio Mier Velazco, hizo un llamado a esperar la conclusión de la consulta pública sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias antes de emitir valoraciones definitivas sobre su contenido. El legislador sostuvo que el proceso fue diseñado precisamente para recibir observaciones, incorporar propuestas y construir un documento fortalecido con la participación de especialistas, concesionarios, representantes de los medios de comunicación y diversos sectores involucrados en la radiodifusión y las telecomunicaciones.

El pronunciamiento del senador ocurre en medio de un intenso debate nacional generado por el proyecto elaborado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), el cual ha despertado preocupación entre organismos empresariales, concesionarios, periodistas y defensores de la libertad de expresión. Diversos sectores han advertido que algunos conceptos incluidos en la propuesta, como el de «información descontextualizada», podrían dar lugar a interpretaciones subjetivas y abrir la puerta a sanciones que, a su juicio, afectarían el ejercicio periodístico y la libertad editorial. Ante ello, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) solicitó un análisis amplio del documento y anunció su participación en la consulta pública para presentar observaciones técnicas.

En conferencia de prensa, Ignacio Mier subrayó que la revisión de los lineamientos contempla la participación de representantes de medios impresos, electrónicos, plataformas digitales, especialistas en telecomunicaciones, académicos, autoridades y del propio gobierno, con el propósito de que todas las voces puedan expresar sus puntos de vista y contribuir al perfeccionamiento del proyecto.

El coordinador parlamentario de Morena en el Senado afirmó que la consulta constituye un ejercicio democrático que permitirá enriquecer los planteamientos originalmente elaborados por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones y reiteró que cualquier análisis debe realizarse una vez que concluya este proceso de deliberación.

«Hay que pensar siempre que este proceso es de aproximaciones sucesivas y que pueden entrar en contradicción diferentes puntos de vista, pero no hay que emitir un juicio hasta que no tengamos los resultados, las conclusiones y las modificaciones, en su caso, que deriven de la consulta», expresó.

El legislador insistió en que la apertura del proceso demuestra la disposición institucional para escuchar las distintas posturas y construir consensos. En ese sentido, consideró positiva la decisión de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión de participar en el análisis técnico de los lineamientos, al estimar que ello permitirá fortalecer el documento final.

«Si no hubiera esa libertad, esa apertura y esa socialización de los documentos, no se hubiera iniciado con la consulta», señaló Mier, al reiterar que aún existe la posibilidad de modificar el contenido de la propuesta antes de que se adopte una versión definitiva.

La discusión sobre los derechos de las audiencias ha cobrado especial relevancia en las últimas semanas debido a las diferencias entre el oficialismo y la oposición respecto al alcance de la regulación. Mientras Morena sostiene que el objetivo es fortalecer las garantías constitucionales de las audiencias y actualizar el marco regulatorio en materia de telecomunicaciones, legisladores de oposición han expresado preocupación por el alcance de algunas disposiciones, al considerar que podrían traducirse en mecanismos de control sobre los contenidos difundidos por radio y televisión. En ese contexto, el proceso de consulta pública se perfila como el espacio donde autoridades, concesionarios, especialistas y organizaciones podrán plantear ajustes antes de que la regulación sea definitiva.

Durante la misma conferencia, Ignacio Mier informó además que será durante la tercera semana de agosto cuando el Senado de la República emita la convocatoria para el proceso de elección de la persona que presidirá la Mesa Directiva durante el Tercer Año de Ejercicio de la LXVI Legislatura, procedimiento que marcará el inicio de la renovación de los órganos de conducción de la Cámara Alta.