La senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carolina Viggiano Austria, acusó a Morena de impulsar una reforma en materia de derechos de las audiencias con el propósito de convertir al gobierno en «árbitro de la verdad» y establecer mecanismos que, advirtió, podrían derivar en censura y autocensura en los medios de comunicación. La legisladora sostuvo que la iniciativa no responde a una demanda ciudadana, sino al interés del oficialismo por ejercer un mayor control sobre los contenidos que se difunden en la radio y la televisión.

Durante su posicionamiento en el Senado de la República, Viggiano cuestionó que la propuesta pretenda resolver un problema que, afirmó, no existe, al señalar que no hay un solo caso documentado que justifique la creación de un esquema de supervisión de los contenidos informativos. En ese sentido, planteó que la verdadera intención de la reforma sería atender las inconformidades del gobierno frente al trabajo de los medios de comunicación y no fortalecer los derechos de las audiencias.

La legisladora priista defendió la capacidad de los ciudadanos para distinguir entre información, opinión y análisis, por lo que rechazó que el Estado asuma la facultad de determinar qué contenidos son correctos o verdaderos. Recordó que la credibilidad constituye el principal activo de periodistas y medios de comunicación, al tiempo que subrayó que la función de la prensa es actuar como contrapeso del poder público, fiscalizar a los gobiernos y exhibir posibles abusos cuando éstos se presenten.

Carolina Viggiano también expresó preocupación por la incorporación del concepto de «información descontextualizada» dentro de la propuesta legislativa, al considerar que se trata de un criterio ambiguo y subjetivo que podría utilizarse para sancionar contenidos críticos o incómodos para el gobierno. Asimismo, cuestionó que las atribuciones para supervisar y eventualmente sancionar a los concesionarios recaigan en la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, organismo que depende del Poder Ejecutivo, luego de la desaparición del órgano constitucional autónomo que anteriormente desempeñaba esas funciones.

La senadora advirtió además que la iniciativa contempla multas de hasta el uno por ciento de los ingresos anuales de los concesionarios de radio y televisión, sanción que, aseguró, podría comprometer la estabilidad financiera de numerosos medios de comunicación. A su juicio, el simple riesgo de enfrentar este tipo de penalizaciones provocaría un efecto inhibidor que favorecería la autocensura, limitando la libertad editorial y el ejercicio periodístico.

Finalmente, Viggiano aclaró que el PRI respalda plenamente los derechos de las audiencias, los cuales se encuentran reconocidos en la Constitución desde la reforma de 2013; sin embargo, sostuvo que ese respaldo no significa aceptar que el gobierno concentre la facultad de decidir qué información puede considerarse verdadera o falsa. «No estamos en contra de los derechos de las audiencias; estamos en contra de que el gobierno sea el juez de la verdad», enfatizó la legisladora, al reiterar que la libertad de expresión y la independencia de los medios constituyen pilares esenciales de la democracia mexicana.