Ángel Aguirre Rivero escribió La otra verdad precisamente para dejar constancia de su versión sobre su vida política y, particularmente, sobre los acontecimientos de Iguala que marcaron para siempre su trayectoria. Hoy, detenido por la Fiscalía General de la República por acusaciones relacionadas con el ocultamiento de evidencia del caso Ayotzinapa, aquellas páginas adquieren una dimensión distinta y obligan a releer lo que el exgobernador de Guerrero decidió contar, lo que cuestionó y, sobre todo, aquello que sostuvo sobre la noche del 26 de septiembre de 2014.

Aguirre había anunciado desde enero de 2018 que preparaba el libro para narrar su vida y fijar su postura sobre los hechos de Iguala. En septiembre de ese mismo año, desde las páginas de Milenio, publicó una columna titulada precisamente La otra verdad, en la que sostenía que no bastaba con conocer el paradero de los estudiantes: era indispensable esclarecer todo lo ocurrido aquella noche, identificar a los responsables y conocer sus motivaciones. Incluso planteó como una de las preguntas centrales si lo ocurrido podía considerarse un crimen de Estado.

La autobiografía finalmente apareció en 2021 bajo el sello Sustantivo. La obra, de 342 páginas, recorre desde su infancia en Ometepec hasta su carrera política y dedica una parte sustancial a los acontecimientos de Iguala. El libro fue presentado por su autor como un ejercicio para dejar registrada su propia versión de una de las etapas más difíciles de su vida pública.

En las colaboraciones publicadas en 2021 bajo el título La otra verdad, Aguirre recurrió incluso a Humberto Salgado Gómez, quien fue su secretario de Gobierno y prologuista de la autobiografía, para reconstruir distintos episodios de su vida. Los textos hablaron de su infancia en Ometepec, de las dificultades económicas de su familia, de sus años universitarios, de su relación con Alejandro Cervantes Delgado y de su incorporación a la política guerrerense. Aquellas publicaciones buscaban presentar al político desde una dimensión personal, familiar y política, antes de llegar al episodio que terminó por marcar su carrera.

Pero el capítulo que hoy cobra especial relevancia es el relacionado con Ayotzinapa. En una colaboración publicada en 2022, Aguirre retomó fragmentos de su autobiografía y narró cómo reaccionó aquella noche al enterarse de la gravedad de los acontecimientos. Según el texto reproducido por El Sur, afirmó que dio instrucciones al secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo; al fiscal general del estado, Iñaki Blanco Cabrera, y al entonces secretario de Seguridad Pública, Leonardo Vázquez, para que se trasladaran al lugar. También señaló que pidió el acompañamiento del presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para documentar la actuación de los funcionarios.

Ahí aparece una de las principales contradicciones que hoy deberán esclarecerse judicialmente. La versión que Aguirre dejó escrita presenta a un gobernador que, al conocer la dimensión de la tragedia, ordenó la movilización de las autoridades estatales. Sin embargo, la investigación actual de la FGR sostiene que el entonces mandatario habría participado posteriormente en acciones destinadas a ocultar o destruir evidencia relacionada con los hechos, particularmente material videográfico que podría haber registrado momentos fundamentales de aquella noche.

De acuerdo con la acusación que motivó su detención, nuevos testimonios habrían señalado directamente a Aguirre como responsable de ordenar la destrucción u ocultamiento de videos de vigilancia del Palacio de Justicia de Iguala. Esas imágenes podrían haber registrado el momento en que uno de los autobuses utilizados por los normalistas fue interceptado por policías. Durante años se sostuvo que esas grabaciones no existían o que habían dejado de estar disponibles por fallas técnicas. La nueva línea de investigación sostiene, en cambio, que el material existió y que fue sustraído.

El contraste resulta particularmente relevante porque La otra verdad fue concebida por el propio Aguirre como el espacio para explicar su actuación y dejar asentada su versión. El libro no fue escrito después de la acusación actual; fue elaborado precisamente como una defensa política y personal frente a las consecuencias que tuvo Ayotzinapa en su trayectoria. Por eso, las afirmaciones que ahí aparecen adquieren ahora un valor documental que tendrá que ser confrontado con las nuevas evidencias incorporadas a la investigación.

Aguirre dejó la gubernatura de Guerrero en octubre de 2014, semanas después de la desaparición de los 43 normalistas. Durante los años posteriores sostuvo que la responsabilidad por los hechos no podía reducirse a una sola autoridad y cuestionó distintas versiones oficiales sobre lo ocurrido. En su columna de 2018 reclamó que la investigación debía establecer no solamente qué ocurrió con los estudiantes, sino también quiénes participaron, cuáles fueron sus motivaciones y qué papel tuvieron las instituciones.

Ahora, casi doce años después de aquella noche, la Fiscalía coloca al propio exgobernador dentro de una investigación penal por presunta obstrucción de la justicia y desaparición forzada, vinculada al supuesto ocultamiento de evidencia. La detención representa uno de los giros más importantes en la investigación de Ayotzinapa porque coloca a quien gobernaba Guerrero durante aquellos acontecimientos frente a una acusación directamente relacionada con la pérdida de información que podría ayudar a reconstruir lo sucedido.

La paradoja es inevitable: el hombre que escribió un libro llamado La otra verdad para defender su versión de Ayotzinapa enfrenta ahora una investigación en la que precisamente se busca determinar si contribuyó a impedir que esa verdad pudiera ser conocida en su totalidad.

Y hay otro elemento que vuelve todavía más relevante la revisión de aquellas páginas. Aguirre no se limitó a defenderse; también formuló preguntas sobre la actuación de otros personajes e instituciones. En la versión publicada posteriormente por El Sur, él mismo señaló que en su libro hacía cuestionamientos sobre actuaciones que, a su juicio, hasta entonces permanecían sin respuesta.

El problema es que hoy algunas de esas preguntas pueden regresar sobre el propio autor. ¿Qué sabía realmente el gobierno de Guerrero aquella noche? ¿Quién tuvo acceso a las grabaciones? ¿Quién ordenó resguardarlas? ¿Qué ocurrió con ellas? ¿Quién decidió que desaparecieran? ¿Quién conoció esa decisión y por qué no actuó?

Esas interrogantes forman parte ahora de una investigación judicial y no pueden convertirse anticipadamente en una condena. Aguirre tiene derecho a la defensa y a que su responsabilidad sea determinada por un juez. Pero precisamente por eso resulta pertinente recuperar lo que él mismo escribió antes de que las nuevas acusaciones lo colocaran nuevamente en el centro del caso.

La otra verdad pretendía ser su explicación frente a la historia. La detención de Ángel Aguirre Rivero convierte hoy ese libro en una pieza que deberá ser leída de otra manera: no como una sentencia sobre su responsabilidad, sino como el testimonio escrito de quien gobernaba Guerrero cuando ocurrió uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente de México y que ahora deberá responder ante la justicia por hechos que, según la FGR, podrían haber contribuido a ocultar una parte de esa misma historia.

A casi doce años de Ayotzinapa, la pregunta continúa siendo la misma que Aguirre planteó en aquellas páginas: ¿cuál es realmente la otra verdad?