Valle de Chalco, Estado de México.— El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado de México exigió transparencia y rendición de cuentas al Ayuntamiento de Valle de Chalco, gobernado por Morena, ante señalamientos sobre 966 millones de pesos de recursos federales correspondientes a 2024 que, de acuerdo con la información presentada por el partido, permanecen bajo revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), debido a que el gobierno municipal no habría entregado la documentación comprobatoria requerida.

La presidenta del PRI mexiquense, Cristina Ruiz Sandoval, afirmó que la situación resulta especialmente preocupante porque Valle de Chalco enfrenta problemas de pobreza, inseguridad, deficiencias en infraestructura y dos alertas de género, mientras que existen cuestionamientos sobre el destino de recursos públicos que debieron traducirse en mejores servicios y atención a las necesidades de la población.

“Hoy, después de tantos años gobernados por la mal llamada Cuarta Transformación, duele que muchas de las necesidades sigan presentes”, señaló la dirigente priista, quien sostuvo que el municipio administra un presupuesto superior a mil 500 millones de pesos y que los ciudadanos tienen derecho a conocer con precisión cómo y en qué se ejercen los recursos públicos.

De acuerdo con los señalamientos expuestos por el PRI, los 966 millones de pesos corresponden a fondos federales relevantes para el funcionamiento municipal, entre ellos el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN), destinado principalmente a atender rezagos sociales y desarrollar infraestructura; el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), que contempla recursos para seguridad pública y otras obligaciones municipales, además de Participaciones Federales.

La dirigencia priista sostuvo que la falta de documentación comprobatoria sobre estos recursos debe ser esclarecida por las autoridades fiscalizadoras y por el propio Ayuntamiento, pues la existencia de observaciones o investigaciones de auditoría no significa por sí misma que exista ya una responsabilidad penal o que se haya acreditado un desvío de recursos. Corresponde a las autoridades competentes determinar si hubo irregularidades administrativas, daño a la hacienda pública o responsabilidades de servidores públicos.

Cristina Ruiz cuestionó que, pese al volumen de recursos públicos ejercidos por el municipio, persistan problemas que afectan directamente a la población. “Vemos calles destruidas, sin servicios, inseguridad y pobreza. Morena lleva tres trienios gobernando y no se ve el dinero público”, afirmó.

El PRI también contrastó las condiciones socioeconómicas de Valle de Chalco con el gasto destinado a la estructura municipal. De acuerdo con las cifras citadas por el partido, alrededor de 66 por ciento de la población se encuentra en situación de pobreza, equivalente a más de 278 mil personas, mientras que unas 54 mil enfrentarían condiciones de pobreza extrema.

En contraste, el partido señaló que el Cabildo representa un gasto superior a 14 millones de pesos anuales en remuneraciones, mientras que el presidente municipal tendría ingresos anuales cercanos a 1.5 millones de pesos y regidores y síndico alrededor de 1.2 millones de pesos al año, según los datos expuestos durante la conferencia.

A estos señalamientos se suman observaciones atribuidas al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), que habría identificado 23 observaciones graves durante la revisión de 471 millones de pesos correspondientes al Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM). Entre las irregularidades mencionadas se encuentran obras inconclusas, adjudicaciones directas cuestionadas y pagos que no contarían con el debido sustento documental.

Otro de los puntos señalados por el PRI corresponde a cuatro contratos de bacheo por aproximadamente 29 millones de pesos, adjudicados a una persona identificada como Arturo Navarrete Navarrete. El partido planteó la necesidad de esclarecer si existe algún conflicto de interés debido a la coincidencia de nombre con un vocal del Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS) municipal.

La nómina municipal también fue colocada bajo escrutinio. Según la información presentada por el PRI, existirían 514 plazas no autorizadas, mientras que el número de asesores habría aumentado de 55 en 2022 a 255 actualmente, lo que representaría un incremento superior al 500 por ciento y un gasto anual de aproximadamente 63 millones 579 mil pesos.

El partido agregó que el Ayuntamiento destina además más de 16 millones de pesos anuales a 725 juicios laborales, situación que, a su juicio, representa otro foco de preocupación sobre la administración de los recursos municipales y las condiciones laborales dentro de la estructura gubernamental.

Pero uno de los aspectos que el PRI consideró más delicados corresponde a las dos alertas de género que permanecen vigentes en Valle de Chalco: una relacionada con feminicidio, decretada en 2015, y otra por desaparición de mujeres, emitida en 2019.

Ruiz Sandoval sostuvo que detrás de las cifras presupuestales existen mujeres y familias que requieren protección efectiva y políticas públicas capaces de atender la violencia de género. El PRI señaló que, desde 2021, Valle de Chalco habría recibido más de 78 millones de pesos destinados a acciones relacionadas con las alertas de género, incluidos aproximadamente 12.8 millones de pesos durante 2024.

Sin embargo, de acuerdo con los señalamientos del partido, el OSFEM habría identificado que el gobierno municipal no acreditó acciones suficientes vinculadas con los objetivos para los que fueron destinados esos recursos. De confirmarse estas observaciones, el caso tendría una relevancia adicional porque se trataría de fondos destinados específicamente a enfrentar una problemática que continúa representando un riesgo para las mujeres del municipio.

El PRI mexiquense sostuvo que la discusión no debe limitarse a una confrontación entre partidos políticos, sino centrarse en el derecho de los habitantes de Valle de Chalco a conocer el destino de cada peso público y exigir resultados de sus autoridades.

La dirigencia priista demandó que las autoridades fiscalizadoras continúen con las investigaciones correspondientes y que, en caso de acreditarse irregularidades, se determinen las responsabilidades administrativas, patrimoniales o penales que procedan. También pidió que los responsables de cualquier eventual daño al erario sean sancionados conforme a la ley.

Los señalamientos colocan nuevamente bajo escrutinio la administración de los recursos públicos en los municipios mexiquenses y, particularmente, el uso de fondos federales y estatales destinados a infraestructura, seguridad, servicios públicos y atención de grupos vulnerables.

Para el PRI, el caso de Valle de Chalco refleja una contradicción entre la disponibilidad de recursos públicos y las condiciones que todavía enfrenta una parte importante de la población. La exigencia central del partido es que el Ayuntamiento aclare el destino de los recursos observados, presente la documentación requerida por los órganos de fiscalización y permita determinar si existieron actos de corrupción, negligencia administrativa o simplemente irregularidades susceptibles de solventación.

Por ahora, las acusaciones corresponden a la posición política del PRI y a los señalamientos derivados de revisiones de los órganos fiscalizadores. La responsabilidad de los funcionarios involucrados deberá establecerse mediante los procedimientos correspondientes y con base en las pruebas que se incorporen a cada expediente.

El llamado del PRI es, finalmente, a que la fiscalización no quede en observaciones administrativas y que cualquier eventual daño al patrimonio municipal sea esclarecido. Mientras tanto, los habitantes de Valle de Chalco siguen esperando que los recursos públicos se reflejen en mejores calles, seguridad, servicios, infraestructura y protección efectiva para las mujeres, más allá de las disputas partidistas.