El coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya Cortés, arremetió contra el gobierno de Morena durante la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de la LXVI Legislatura y sostuvo que las tres principales promesas con las que la Cuarta Transformación llegó al poder —“no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”— han sido incumplidas. Desde la tribuna del Congreso de la Unión, afirmó que el gobierno utiliza cifras oficiales para maquillar la realidad en materia de seguridad, cuestionó la política de comunicación y censura, denunció un presunto desfalco multimillonario mediante el llamado huachicol fiscal y acusó a las autoridades de proteger políticamente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Anaya advirtió que sus señalamientos no se sustentan únicamente en cifras de la oposición, sino en documentos y datos oficiales del propio gobierno.

El legislador panista centró una parte de su intervención en las estadísticas de seguridad y acusó que la administración federal presenta una reducción aparente de los homicidios al dejar fuera de esa cuenta otros delitos relacionados con la muerte y las desapariciones. Según su exposición, mientras los homicidios diarios habrían bajado de 70 a 63, otros delitos contra la vida habrían aumentado de 15 a 40 casos diarios y las personas desaparecidas de 16 a 31. Por ello exigió una revisión pública y técnica de la metodología del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, bajo el argumento de que “ningún muerto pueda mudarse de casilla”. También rechazó los lineamientos que, afirmó, permitirían sancionar a medios de comunicación por contenidos considerados falsos por la propia autoridad y propuso eliminar expresamente cualquier multa relacionada con contenidos periodísticos.

Anaya también colocó el huachicol fiscal en el centro de su crítica y retomó la cifra de 600 mil millones de pesos señalada en el Congreso como el monto del presunto daño provocado por este esquema de contrabando de combustibles. Explicó que el mecanismo consistiría en introducir gasolina y diésel al país sin pagar los impuestos correspondientes para después comercializarlos en el mercado nacional, generando ganancias millonarias. Por ello planteó crear una comisión especial plural, presidida por la oposición y con acceso a padrones, pedimentos y cuentas bancarias para investigar la operación. En ese contexto mencionó a la empresa Portacelis y a Amílcar Olán, a quien identificó como cercano a Andrés Manuel López Beltrán, aunque presentó estas referencias como parte de una investigación que, dijo, debe ser esclarecida por las autoridades.

El coordinador panista endureció todavía más su discurso al abordar el caso de Rubén Rocha Moya. Afirmó que existen señalamientos y actuaciones judiciales que, desde su perspectiva, hacen indispensable investigar al gobernador de Sinaloa y cuestionó que permanezca protegido políticamente. Vinculó sus acusaciones con el asesinato de Héctor Melesio Cuén, el contexto de violencia en Sinaloa y otros episodios relacionados con procesos electorales en la entidad. Anaya sostuvo que “no faltan pruebas, sobra protección” y reclamó que la soberanía nacional no puede convertirse en argumento para impedir investigaciones contra funcionarios señalados.

Finalmente, contrastó el trato que, según dijo, reciben distintos personajes políticos y puso como ejemplo el caso del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, cuya defensa asumió públicamente al asegurar que revisó el expediente y que no encontró una prueba que acreditara la comisión de un delito. Cuestionó además que la audiencia se hubiera realizado en secreto y sostuvo que Ruffo es un “preso político” del gobierno. Al cerrar su intervención, Anaya resumió su acusación contra Morena en tres frases: incumplió su promesa de no mentir al presentar, según él, cifras incompletas; incumplió la de no robar por el presunto huachicol fiscal; y traicionó al pueblo, afirmó, al proteger a quienes son señalados por vínculos con el crimen organizado. Frente a ello, aseguró que la oposición mantendrá su postura de denunciar y no guardar silencio.