Ante el incremento de agresiones contra mujeres en entornos digitales, la diputada federal del PRI, Ana González González, presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el propósito de fortalecer las acciones institucionales de prevención y protección frente al ciberacoso y otras manifestaciones de violencia que se producen mediante las tecnologías de la información y la comunicación.

La propuesta plantea adicionar una fracción VII al artículo 8 de dicha legislación, a fin de establecer expresamente la obligación de las autoridades competentes de implementar campañas permanentes de prevención, alfabetización digital y protección de datos personales, con el objetivo de proporcionar a las mujeres mayores herramientas para identificar riesgos, proteger su información y enfrentar agresiones en espacios virtuales.

La legisladora priista advirtió que la violencia digital no puede ser atendida únicamente cuando la agresión ya ocurrió, por lo que consideró indispensable transitar de un modelo predominantemente reactivo hacia una estrategia preventiva y educativa que permita reducir los factores de riesgo y combatir las condiciones que favorecen la impunidad.

González González señaló que millones de mujeres en México han enfrentado distintas formas de ciberacoso y que sus consecuencias pueden trascender el ámbito virtual para afectar directamente su bienestar emocional y su vida cotidiana, particularmente mediante situaciones de estrés, miedo e inseguridad. Advirtió que esta problemática impacta de manera desproporcionada a mujeres jóvenes y a aquellas que mantienen una presencia pública.

“La dignidad y la salud mental de las mujeres no pueden quedar al arbitrio de la autorregulación”, sostuvo la diputada, al plantear que la protección de los derechos humanos debe garantizarse tanto en los espacios físicos como en los entornos digitales.

La iniciativa busca además impulsar una cultura de respeto y responsabilidad en el uso de las plataformas digitales, al considerar que la ciudadanía debe contar con conocimientos y herramientas suficientes para desenvolverse de manera segura en internet. En este sentido, la alfabetización digital y la protección de datos personales se plantean como instrumentos fundamentales para prevenir agresiones, reducir la exposición a riesgos y fortalecer la capacidad de respuesta de las posibles víctimas.

Ana González destacó que incorporar estas obligaciones de manera expresa en la legislación permitiría fortalecer las capacidades institucionales y establecer una política pública permanente que combine prevención, educación y protección, en lugar de limitar la intervención de las autoridades a la atención posterior de los casos.

La propuesta del PRI pretende así ampliar la protección legal de las mujeres frente a las nuevas modalidades de violencia que han surgido con el desarrollo tecnológico y contribuir a que los espacios digitales sean entornos más seguros, respetuosos y libres de agresiones, donde las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos sin temor a ser víctimas de acoso o violencia.