El senador de Morena y dirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, quedó en el centro de la polémica luego de ser captado arrojando al piso una carpeta que contenía información relacionada con casos de personas desaparecidas, material que había sido colocado en el escaño del senador Enrique Inzunza por la legisladora del PRI, Paloma Sánchez. El hecho resulta particularmente delicado por el contenido de la documentación y por el significado que tienen para las familias los expedientes de quienes siguen siendo buscados.

La escena ha provocado cuestionamientos sobre la sensibilidad y la responsabilidad con la que un representante popular debe conducirse frente a una de las crisis más dolorosas que enfrenta México. No se trataba, al menos por lo que muestra el material, de cualquier documento legislativo: eran referencias a personas desaparecidas y, detrás de cada caso, historias de familias que llevan meses o años esperando respuestas, justicia y, en muchos casos, simplemente saber dónde están sus seres queridos.

La reacción de Cepeda adquiere mayor relevancia porque ocurre dentro del Senado de la República, un espacio donde las diferencias políticas pueden ser fuertes, pero donde la confrontación partidista no debería traducirse en desprecio hacia asuntos relacionados con víctimas y familiares. Si el senador tenía objeciones sobre la forma en que fue colocada la carpeta o sobre el contenido de la información, existían múltiples maneras de expresar su desacuerdo sin terminar arrojando al suelo documentos vinculados con personas desaparecidas.

El episodio también abre una pregunta política inevitable: ¿qué mensaje transmite un legislador cuando una carpeta sobre desaparecidos termina en el piso? Para las familias que recorren instituciones, fiscalías, procuradurías y oficinas gubernamentales en busca de respuestas, cualquier gesto de indiferencia puede resultar profundamente ofensivo.

Paloma Sánchez ha colocado de manera recurrente el problema de la violencia y las desapariciones en Sinaloa en el debate legislativo, particularmente al confrontar al oficialismo por la situación de seguridad que atraviesa la entidad. En ese contexto, la carpeta habría sido colocada en el espacio correspondiente a Enrique Inzunza, senador de Morena por Sinaloa, quien actualmente se encuentra en licencia.

El incidente, por tanto, no solamente exhibe una confrontación entre legisladores de Morena y PRI. También pone sobre la mesa el grado de sensibilidad con el que desde el Poder Legislativo se aborda una tragedia nacional que alcanza a decenas de miles de familias.

Y aquí está lo más preocupante: cuando la política partidista termina colocándose por encima del dolor de las víctimas, el problema deja de ser solamente de formas y se convierte en un asunto de fondo. Las personas desaparecidas no pertenecen a Morena, al PRI, al PAN ni a ningún partido político. Son ciudadanos cuyos familiares tienen derecho a exigir verdad, búsqueda y justicia.

Observación

El comportamiento atribuido al senador Alfonso Cepeda merece una explicación pública. No por tratarse simplemente de una escena incómoda dentro del Senado, sino porque el objeto que terminó en el suelo representaba expedientes y casos de personas desaparecidas. La discusión política puede ser áspera, pero la dignidad de las víctimas debería estar por encima de cualquier diferencia partidista. Si Cepeda considera que la documentación fue utilizada con fines políticos, está en todo su derecho de cuestionarlo; lo que resulta difícil de justificar políticamente es que una carpeta con información sobre desaparecidos sea tratada como si careciera de importancia.