Ciudad de México. El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Javier Corral Jurado, afirmó que la iniciativa presidencial en materia de feminicidio continúa en proceso de análisis y diálogo con organizaciones, colectivos de víctimas y especialistas, por lo que todavía no existe una fecha inmediata para su dictaminación.

El senador explicó que después de un conversatorio abierto se han realizado audiencias especializadas con distintos grupos, particularmente organizaciones que representan a víctimas y sobrevivientes de feminicidio. El objetivo, dijo, es sistematizar las opiniones recibidas e incorporar propuestas específicas al proyecto.

Corral adelantó que la Comisión de Justicia considera necesario realizar modificaciones a la iniciativa, particularmente en algunas definiciones y disposiciones planteadas por familiares de víctimas.

Uno de los temas que permanece bajo discusión es precisamente la definición jurídica del feminicidio y la manera en que debe contemplar los distintos supuestos relacionados con género y sexo. El senador señaló que actualmente existen diferentes propuestas y que todavía no se ha tomado una determinación definitiva.

Otro de los puntos que analiza la Comisión tiene que ver con la responsabilidad de servidores públicos, particularmente quienes participan en las investigaciones ministeriales y que pudieran alterar, retrasar, distorsionar o afectar indagatorias relacionadas con feminicidios. La intención es que esas responsabilidades queden claramente establecidas.

Corral aseguró que no existe, al menos hasta ahora, un entorpecimiento político o partidista para avanzar en la legislación. Por el contrario, describió el proceso como plural, abierto y encaminado a construir consensos entre las distintas fuerzas parlamentarias y los grupos directamente involucrados en esta problemática.

El presidente de la Comisión de Justicia consideró que sería particularmente grave que un fenómeno como el feminicidio fuera utilizado con fines políticos o partidistas, pues la legislación busca atender una problemática que representa una deuda del Estado mexicano con las víctimas y sus familias.

Explicó que uno de los objetivos centrales de la propuesta es establecer una homologación nacional no solamente del tipo penal y su definición, sino también de las sanciones, protocolos y procedimientos para investigar estos delitos.

La iniciativa también pretende establecer bases de coordinación entre los distintos niveles de gobierno para enfrentar el feminicidio, delimitando responsabilidades, funciones, facultades y competencias, pero también mecanismos para compartir los recursos necesarios para hacerlas efectivas.

En este punto, Corral destacó una de las principales exigencias planteadas por los colectivos: que las nuevas obligaciones legales estén acompañadas de recursos suficientes para que puedan cumplirse en la práctica.

“Es imposible”, sostuvo, establecer nuevos derechos y obligaciones mediante la legislación sin contemplar los recursos que permitan garantizarlos. Por ello, consideró necesario que el proceso legislativo tenga correspondencia con las decisiones presupuestales.

En materia de sanciones, el senador explicó que la propuesta contempla una pena de hasta 70 años de prisión, además de diversas circunstancias agravantes que podrían incrementar considerablemente la sanción, incluso por encima de los 100 años en determinados supuestos.

Sin embargo, Corral señaló que, desde su perspectiva, el fortalecimiento de las investigaciones y de los protocolos resulta más importante que concentrar la estrategia únicamente en aumentar las penas.

Entre los principios que considera relevantes está establecer que toda muerte violenta de una mujer sea investigada inicialmente bajo la perspectiva de feminicidio, para posteriormente determinar, mediante la investigación correspondiente, si efectivamente se configura ese delito o si se trata de otro supuesto.

También planteó la necesidad de establecer con claridad los mecanismos para descartar esa clasificación cuando la investigación determine que se trató, por ejemplo, de un accidente o un suicidio, debido a que actualmente existen dificultades tanto para clasificar correctamente los casos como para modificar posteriormente esa clasificación.

Corral reconoció que todavía no existe un cálculo definitivo sobre el presupuesto que requeriría la eventual aplicación de la nueva legislación. Explicó que primero deben concluirse los trabajos para determinar qué procedimientos, protocolos e instituciones serían necesarios y, a partir de ello, establecer las necesidades presupuestales.

El senador también destacó el convenio de colaboración firmado con el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), al considerar que sus capacidades de investigación, docencia y especialización en ciencias penales pueden contribuir al trabajo legislativo.

Precisó que la colaboración permitirá contar con asesoría especializada, organizar conversatorios, desarrollar investigaciones y obtener opiniones técnicas sobre iniciativas en materia de justicia.

De esta manera, Corral sostuvo que el análisis de la legislación debe estar acompañado por conocimientos técnicos y por la experiencia de especialistas que conocen directamente las problemáticas que buscan atender las reformas.

El senador reiteró que la intención es que la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar el Feminicidio pueda quedar aprobada durante el actual periodo ordinario de sesiones, aunque aclaró que el proceso de diálogo y revisión continuará antes de llegar al dictamen definitivo.