El senador Luis Donaldo Colosio Riojas presentó una iniciativa para fortalecer los derechos de los consumidores que realizan compras por Internet, particularmente frente a proveedores extranjeros que venden productos y servicios en México sin contar con una presencia física verificable en territorio nacional.

El legislador de Movimiento Ciudadano advirtió que el crecimiento acelerado del comercio electrónico ha dejado al descubierto vacíos en el marco jurídico, ya que buena parte de las reglas de protección al consumidor fueron diseñadas para operaciones en las que existía una relación presencial y un domicilio físico claramente identificable.

La propuesta busca reformar diversas disposiciones de las leyes Federal de Protección al Consumidor, Federal de Procedimiento Administrativo y Federal de Competencia Económica, para establecer que los proveedores extranjeros que realicen transacciones electrónicas con consumidores mexicanos deban proporcionar, antes de concretar una operación, un domicilio físico en México, números telefónicos y otros medios de contacto para presentar reclamaciones o solicitar aclaraciones.

El objetivo es que la Profeco pueda notificar formalmente a los proveedores y desarrollar los procedimientos conciliatorios cuando un consumidor presente una inconformidad. La iniciativa plantea que, si la empresa no proporciona un domicilio, pueda utilizarse de manera supletoria el registrado ante el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o algún otro medio que permita acreditar que el proveedor fue informado sobre el procedimiento.

“Cuando una empresa extranjera le vende a un mexicano por Internet y le queda mal, ese consumidor choca contra un muro”, expuso Colosio Riojas al explicar que actualmente pueden presentarse dificultades para notificar a compañías que únicamente proporcionan una dirección en el extranjero.

El senador sostuvo que esa situación puede provocar que un procedimiento de conciliación no avance, dejando al comprador con una reclamación que difícilmente puede ser atendida cuando no existe un mecanismo efectivo para localizar y notificar al proveedor.

La iniciativa parte de una realidad: el comercio electrónico se ha convertido en una parte cada vez más importante del consumo en México. De acuerdo con el Estudio de Venta Online 2026 de la Asociación Mexicana de Venta Online, durante 2025 el valor de las ventas minoristas por Internet alcanzó 941 mil millones de pesos, con un crecimiento anual de 19.2 por ciento. La cifra representa 17.7 por ciento del total de las ventas minoristas del país.

El mismo estudio reportó que 77.2 millones de personas realizaron compras en línea durante 2025, prácticamente el doble de los compradores registrados siete años antes. El crecimiento del mercado también ha incrementado la necesidad de contar con mecanismos eficaces para resolver problemas relacionados con entregas, productos defectuosos, incumplimientos, cargos y devoluciones.

Colosio Riojas señaló que existen más de 270 plataformas digitales extranjeras inscritas ante el SAT, con representante legal y domicilio localizable en México, debido a las obligaciones establecidas en materia fiscal. A partir de ello, planteó aprovechar esa infraestructura para fortalecer también la protección de los consumidores.

“Lo que propongo es de sentido común: que ese mismo domicilio sirva también para defender al consumidor, de manera que quien vende en México tenga una dirección en nuestro país, donde pueda responder por lo que vende”, afirmó.

La propuesta también busca que el consumidor pueda contar, antes de realizar una compra, con información suficiente para saber quién es el proveedor, dónde puede ser localizado y a qué medios puede recurrir en caso de inconformidad. La Profeco ya contempla entre los requisitos para determinados proveedores digitales contar con domicilio físico en territorio nacional, RFC y medios de contacto.

El planteamiento pretende llevar esa lógica a un ámbito más amplio de las transacciones digitales y cerrar espacios que, de acuerdo con el senador, pueden dificultar la defensa de los compradores cuando la empresa opera desde otro país.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Economía, de Defensa de los Consumidores y de Estudios Legislativos Segunda, donde será analizada para determinar su viabilidad y, en su caso, elaborar el dictamen correspondiente.

Con ello, el proyecto busca adaptar las herramientas de protección al consumidor a un mercado en el que la compra puede realizarse desde un teléfono celular en cuestión de minutos, pero en el que la posibilidad de reclamar, notificar y exigir una respuesta no siempre avanza con la misma rapidez.