El senador y presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, cuestionó la reforma a la legislación de propiedad industrial que contempla penas de prisión por utilizar, reproducir o imitar la identidad gráfica de instituciones públicas, y advirtió que su redacción puede abrir un debate delicado sobre los límites de la sátira, la parodia y la crítica política.

A través de su cuenta de X, Moreno sostuvo que una norma penal con márgenes de interpretación puede convertirse, desde su perspectiva, en una herramienta para intimidar o perseguir a periodistas, caricaturistas, creadores de contenido, ciudadanos y opositores que recurran a memes o parodias.

El dirigente priista centró su crítica en la posibilidad de que las disposiciones sean aplicadas más allá del objetivo declarado de combatir el uso indebido de elementos oficiales. Señaló que el problema estaría en dejar abiertos criterios que posteriormente pudieran ser interpretados por las autoridades.

La controversia se desarrolla en el Senado a partir de una propuesta que busca sancionar el uso, reproducción, imitación o incorporación, a escala comercial, de elementos de identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o documentos oficiales cuando exista la intención de inducir a error o engaño.

Desde Morena, el presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, ha rechazado que el propósito de la reforma sea castigar memes o parodias. Ha explicado que la propuesta busca combatir casos en los que particulares utilizan logotipos, documentos, plataformas o dominios oficiales para hacer creer que determinados servicios o comunicaciones tienen origen gubernamental cuando no lo tienen.

Moreno, sin embargo, sostuvo que el PRI no respaldará ninguna iniciativa que pueda convertirse en una limitación a la libertad de expresión, independientemente de quién la presente.

El senador afirmó que el gobierno debe asumir la crítica cuando existan cuestionamientos a su actuación y consideró que la respuesta institucional debe ser rendir cuentas, explicar decisiones y corregir cuando sea necesario, en lugar de generar herramientas legales que puedan ser utilizadas contra voces críticas.

El posicionamiento de Moreno se suma al debate que mantienen legisladores de distintos partidos sobre cómo proteger la identidad institucional y combatir posibles fraudes sin afectar expresiones de sátira, parodia, crítica política y libertad de expresión.

La discusión deberá centrarse ahora en el alcance preciso de las disposiciones y en los límites que establezca el texto legal para diferenciar entre el uso comercial y engañoso de elementos oficiales y las expresiones de carácter crítico, satírico o paródico.