El senador y presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, exigió una investigación a fondo sobre los señalamientos contenidos en las recientes sanciones anunciadas por autoridades de Estados Unidos contra personas y empresas que, de acuerdo con las investigaciones estadounidenses, estarían vinculadas con estructuras del crimen organizado en Baja California. El priista sostuvo que deben revisarse todos los nombres, vínculos financieros y posibles responsabilidades relacionadas con estos señalamientos.

A través de su cuenta de X, Moreno Cárdenas afirmó que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 21 personas y 25 empresas presuntamente relacionadas con estructuras del narcotráfico. Entre los sancionados mencionó a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda; a su hermano, Luis Alfonso Torres Torres; al exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, Pedro Ariel Mendívil García, y al exfuncionario de Aduanas y exasesor legislativo Rafael Buenrostro Marín.

El dirigente priista sostuvo que las autoridades estadounidenses ubican a Carlos y Luis Torres dentro de una estructura que, según esas investigaciones, estaría relacionada con actividades de narcocorrupción y cuya presunta protección habría alcanzado niveles del gobierno de Baja California. Moreno calificó los señalamientos como graves y planteó que México debe investigarlos para determinar si existen responsabilidades, vínculos con organizaciones criminales o utilización de recursos provenientes de actividades ilícitas.

El llamado del senador se produjo en el contexto del Seminario “Retos Estratégicos, Ciberseguridad y Cooperación Internacional”, en el que participó como presidente de la Comisión de Ciberseguridad del Senado. Durante el encuentro, Moreno advirtió que las amenazas digitales evolucionan a una velocidad que puede superar la capacidad de respuesta institucional y que los ataques cibernéticos ya afectan a gobiernos, empresas, universidades, hospitales y ciudadanos, por lo que la ciberseguridad debe asumirse como un asunto de seguridad nacional.

En ese mismo foro, Andrew Chapman, representante de la Embajada de Estados Unidos en México, señaló que las amenazas cibernéticas constituyen un reto compartido que no respeta fronteras y destacó la cooperación entre ambos países para prevenir y combatir este tipo de delitos. Explicó que la ciberseguridad debe trascender la protección de contraseñas y convertirse en una política pública que permita desarrollar capacidades para prevenir y responder ante ataques.

Chapman también recordó la colaboración entre México, Estados Unidos y Canadá durante la Copa Mundial de Futbol, mediante capacitación a agencias federales y estatales e intercambio de información para prevenir delitos durante el torneo.

Por su parte, los gobernadores de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, y Durango, Esteban Villegas Villarreal, destacaron la necesidad de fortalecer las capacidades tecnológicas de las entidades para enfrentar delitos como extorsiones, fraudes digitales, suplantación de identidad y secuestros virtuales. Villegas planteó además la construcción de un “federalismo digital” que permita articular las capacidades de los distintos órdenes de gobierno.

El senador Saúl Monreal Ávila, de Morena, planteó avanzar hacia una ley general en materia de ciberseguridad que permita identificar amenazas y riesgos nacionales, aunque señaló que previamente sería necesario reformar la Constitución.

En este contexto, Moreno Cárdenas insistió en que los señalamientos provenientes de las autoridades estadounidenses deben ser revisados por las instituciones mexicanas y pidió que la investigación alcance a todos los nombres, vínculos y movimientos financieros que pudieran estar relacionados con la red señalada. Las acusaciones mencionadas corresponden a señalamientos de autoridades estadounidenses y deberán ser esclarecidas mediante las investigaciones y procedimientos correspondientes.