El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó incorporar a representantes de los partidos políticos y del Poder Legislativo a la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, quienes podrán participar en sus sesiones con voz, pero sin voto, como parte de los mecanismos destinados a identificar posibles riesgos relacionados con la delincuencia organizada y la corrupción entre aspirantes a cargos de elección popular.

La determinación se tomó durante una sesión extraordinaria, en cumplimiento de una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que ordenó modificar los lineamientos de funcionamiento de la Comisión y diversas disposiciones del Reglamento de Comisiones del organismo electoral.

Con estas modificaciones, el INE busca fortalecer la participación de las fuerzas políticas en los procedimientos de revisión de candidaturas, sin comprometer la confidencialidad de la información ni vulnerar los derechos político-electorales de las personas sujetas a evaluación.

El acuerdo establece que los representantes partidistas y las consejerías del Poder Legislativo deberán suscribir compromisos específicos de confidencialidad y protección de datos personales, con el propósito de impedir la divulgación de información sensible o la identificación de aspirantes sometidos al procedimiento.

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, sostuvo que el organismo tiene la obligación de cumplir las resoluciones judiciales y actuar conforme a la legislación vigente, al señalar que el respeto a las sentencias del Tribunal Electoral es compatible con la defensa de la autonomía institucional.

Uno de los aspectos centrales del mecanismo es la posibilidad de que partidos políticos y aspirantes independientes soliciten voluntariamente la revisión de perfiles, siempre con la autorización previa de las personas interesadas.

Las evaluaciones estarán a cargo de instituciones competentes en materia de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y análisis financiero, que deberán determinar si existen elementos suficientes para establecer un riesgo razonable relacionado con posibles actividades delictivas o actos de corrupción.

El consejero electoral Arturo Chávez López, presidente de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, precisó que ni el INE ni las instituciones participantes tendrán facultades para cancelar candidaturas o impedir el ejercicio de los derechos políticos de los aspirantes mediante este procedimiento.

Asimismo, destacó que las revisiones deberán respetar plenamente la presunción de inocencia, garantizar la reserva absoluta de los resultados y evitar que la información obtenida sea utilizada con fines de persecución o confrontación política.

Chávez López reconoció que la efectividad del mecanismo dependerá principalmente de la disposición de los partidos políticos y aspirantes para someterse voluntariamente a las evaluaciones y evitar postulaciones de personas que pudieran representar riesgos por posibles vínculos con organizaciones criminales.

Por otra parte, el Consejo General aprobó el Programa Anual de Trabajo y el Calendario de la Comisión, documentos que establecen las etapas de revisión, actividades, responsables, plazos y mecanismos de coordinación entre las instituciones participantes.

El Tribunal Electoral también determinó que las sesiones, acuerdos y actuaciones realizadas previamente por la Comisión conservarán su validez, pese a las modificaciones ordenadas a su integración y funcionamiento.

Con estas medidas, el INE pretende fortalecer los mecanismos preventivos para evitar la infiltración de intereses criminales en las candidaturas rumbo a las elecciones de 2027, aunque la revisión será voluntaria y no sustituirá las atribuciones legales de las autoridades encargadas de investigar delitos o determinar responsabilidades.

El organismo electoral reiteró que el procedimiento deberá desarrollarse bajo criterios de legalidad, confidencialidad y respeto a los derechos fundamentales, mientras que los partidos políticos tendrán la responsabilidad de valorar los resultados de las evaluaciones al momento de definir sus postulaciones.