Sin exabruptos y con todas las medidas sanitarias para evitar contagios por Covid-19, el Senado de la República aprobó en lo general y particular el dictamen para que todas las funciones que desarrolla la Marina Mercante, pasen a ser parte de la Marina Armada de México.

Con 70 votos a favor, 26 en contra y 4 abstenciones, los senadores aprobaron el en lo general el dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación, de Marina y de Estudios Legislativos, Segunda, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, de Navegación y Comercio Marítimos, y de Puertos.

En lo particular, 61 votos avalaron la reforma para que la Secretaría de Marina se haga cargo de los puertos y aduanas marítimas, 31 lo rechazaron y solo dos senadores se abstuvieron.

Durante la sesión ordinaria se exigió, por primera vez a los senadores y personal de apoyo, presentar su constancia médica de que no tienen Covid antes de ingresar al salón de plenos.

En la discusión, los senadores del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano argumentaron su rechazo al dictamen por considerar que es un “error garrafal” que Morena y sus aliados, incluido en este caso el PRI, avalen la “militarización del país”.

Todos los grupos parlamentarios reconocieron la labor que hasta ahora ha venido desarrollando la Marina Armada de México.

Sin embargo, “de eso, a que se encargue ahora de la parte administrativa, del comercio exterior que se realiza a través de los puertos de nuestro país, hay una diferencia enorme”, acusaron panistas, perredistas y de Movimiento Ciudadano, así como del senador sin partido Emilio Álvarez Icaza, quienes se pronunciaron en contra de la militarización de del país.

El senador por el blanquiazul, Damián Zepeda, expuso que se está definiendo el rumbo del país; es decir, si se convierte en un régimen militar o se mantiene el régimen civil, por lo que se debe definir si la autoridad militar tenga que avanzar o no en la administración de los asuntos civiles como es el comercio, construcción, aeropuertos, y otras actividades que no se describen en la Constitución para las autoridades militares.

Al presentar el dictamen y votar a favor del mismo, Eruviel Ávila, del PRI, dijo que con ello se consolida a la Autoridad Marítima Nacional en beneficio de los mexicanos.

Patricia Mercado y Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano, argumentaron que las autoridades navales militares, no deben ejercer funciones para las que no están preparadas, reguladas y limitadas. “Sin duda, la institución se puede ver muy afectada en los casos en que se violen los derechos humanos o las normas civiles para las actividades náuticas”, aclaró la senadora.

Refirieron que no encontrarán ninguna democracia consolidada en el mundo en que la Armada sea, en tiempos de paz, quien administre los puertos y todas las actividades marítimas.