La Secretaría de Energía restringió la exportación e importación de combustibles a empresas privadas, al reducir de 20 a cinco años la vigencia de los permisos, una medida criticada por la industria y la autoridad antimonopolios, que aseguraron que dificultaría la competencia en favor del Estado.

México importa el grueso de las gasolinas que consume y, recién tras una reforma energética de 2013, el Estado empezó a dar licencias de importaciones a la empresa privada. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador busca que el país se autoabastezca de combustibles y, para ello, está dando más preeminencia a Petróleos Mexicanos (Pemex) y construyendo una refinería.

Según un acuerdo publicado el sábado 26 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la vigencia máxima de los permisos para importar y exportar petrolíferos e hidrocarburos será de cinco años, desde el máximo previo de 20 años. Los permisos —de uno y cinco años— podrán prorrogarse una única vez por el mismo periodo tras agotarse su volumen o concluida su vigencia.

“Las actividades de la Sener (Secretaría de Energía) en materia de otorgamiento y supervisión de los permisos previos de importación y exportación de petrolíferos e hidrocarburos se orientarán con base en los objetivos de la política pública en materia energética, incluyendo los de seguridad energética del país”, dice la norma.

Además, analistas se lamentaron de que la nueva disposición no cumplió con el tiempo en que debía estar abierta a consulta pública y se aprobó precipitadamente.

Días atrás, la autoridad antimonopolios Cofece había recomendado no emitir la nueva normativa asegurando que “dificultaría seriamente la competencia y libre concurrencia en la comercialización de petrolíferos, y afectaría la posibilidad de los consumidores de acceder a más opciones de suministro y los mejores precios posibles”.

López Obrador admitió a fines de septiembre que buscará revertir en 2021 la profunda reforma energética realizada en la administración previa si no logra fortalecer y “rescatar” a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con el marco legal actual.

Fuente: El Economista