Las comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados y del Senado de la República iniciaron el Parlamento Abierto de análisis respecto de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Banco de México, en materia de captación de divisas extranjeras en efectivo.

La diputada Patricia Terrazas Baca (PAN), presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, subrayó que el propósito es analizar los aspectos legislativos, impactos jurídicos y sus implicaciones internacionales.

Refirió que es necesario realizar un análisis más profundo y escuchar a todos los actores, públicos y privados, involucrados en esta temática “para que los legisladores contemos con el panorama integral de las implicaciones que conllevaría su aprobación”

Explicó que el Senado de la República aprobó reformar los artículos 20 y 34 y adicionar los artículos 20 bis y 20 ter a la Ley del Banco de México en materia de captación de divisas, y envió la minuta correspondiente a la Cámara de Diputados el 10 de diciembre de 2020, y desde esta fecha la Comisión se abocó a su revisión y determinó que debe llevar un análisis más profundo, por lo que hoy se abre este espacio en las cámaras del Congreso.

El diputado presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier Velazco, destacó la importancia de recuperar el espíritu republicano de trabajar en un tema de interés fundamental para el Estado mexicano. Dijo que revisar el procedimiento y los mecanismos para lograr la repatriación de divisas requiere participación y decisión política 

Señaló que se debe analizar la realidad social de comunidades y municipios expulsores de migrantes que, por su cultura y tradiciones, no utilizan el sistema bancario, sino que envían el dinero en efectivo. 

Planteó realizar este análisis “no sólo en función de indicadores financieros, sino de indicadores sociales”. Invitó a analizar el problema de fondo y no sólo lo que podría parecer que violenta la autonomía del Banco de México; nada más alejado de eso”.

El senador Alejandro Armenta Mier, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República, dijo que es un esfuerzo esencial poner en el centro de las atenciones la obligación de todas las instituciones de servir a los mexicanos.

“No hay mayor preocupación y mayor interés de una institución que no sea servir a los mexicanos y ese propósito será de gran utilidad para el perfeccionamiento de esta iniciativa”. Añadió que “las y los senadores respetamos plenamente el trabajo de la colegisladora; acompañaremos el esfuerzo y fijaremos la postura que tenemos al respecto”.

Por su parte, el coordinador del grupo parlamentario del PAN, diputado Juan Carlos Romero Hicks, consideró que la minuta del Senado merece una mayor profundidad y amplitud. “El ejercicio no se ha hecho completo y por eso necesitamos darle vista a migrantes, turismo, los sectores financieros y bancarios”.

Agregó que el Banco de México señala la necesidad de consagrar el Estado de derecho; “no queremos la infiltración de delincuencia organizada, ni lavado de dinero, ni de procedencia desconocida; necesitamos ver la relación internacional entre los bancos y relaciones financieras necesarias”. Es importante consagrar la autonomía del Banco. 

El diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal (PRI) afirmó que la reforma propuesta requiere perfeccionarse; además, no debe vulnerar la estabilidad y confianza del sistema financiero mexicano, su interacción con el sistema financiero internacional y la gestión de las reservas internacionales para que siga cumpliendo sus objetivos y se amplíe así su espectro con visión social.

 “En el grupo estamos dispuestos a sumar, a coadyuvar y a seguir construyendo a favor de la inclusión financiera a favor de los más desfavorecidos, generar mejores condiciones para el desarrollo turístico y el comercio, impulsar esquemas que permitan a las familias de los migrantes obtener sus recursos y fortalecer los mecanismos para que las instituciones estén al margen de cualquier actividad ilícita”.

El diputado Benjamín Robles Montoya, del PT, dijo que se debe garantizar que la autonomía del Banco no se vea amenazada; también trabajar en que no se abra ningún puente que pueda implicar riesgo para la estabilidad y la integridad del sistema financiero.

“Atenderemos con responsabilidad lo que se discuta, vamos a escuchar con atención todas las propuestas y velar porque se cierre la puerta a cualquier actividad ilícita que tome ventaja de estas modificaciones”.

La coordinadora de MC, Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, dijo que el artículo 28 de la Constitución es muy claro respecto de su autonomía, por lo que cualquier reforma legal que comprometa la disponibilidad de activos internacionales en reserva es una flagrante violación a la ley.

Explicó que la problemática que la minuta pretende abordar no es generalizada entre las instituciones de crédito, por el contrario, la acumulación de excedentes en moneda extranjera ha disminuido en los últimos años, debido a que, de acuerdo con cifras del propio banco, el 99 por ciento de las remesas llegan en transferencia electrónica.

Del PVEM, el diputado Carlos Alberto Puente Salas aseguró que es fácil criticar, pero más difícil encontrar el cómo sí y solucionar el problema que enfrentan mexicanos migrantes y que el Legislativo tiene la obligación de darle curso y el Estado garantizar este tipo de operaciones.

“Hacemos votos por escuchar a todos los participantes y preguntar las dudas, para que esto no sea una pasarela de exposición, a fin de perfeccionar el trabajo legislativo que hagamos. Con responsabilidad habremos de buscar el bien mayor para las y los mexicanos”, añadió. 

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, coordinadora del PRD, aseguró que con esta reforma el Banco central estaría obligado a absorber los dólares en efectivo del sistema financiero, proveniente de actividades turísticas, remesas y excedentes de los bancos, lo que lo pondría en riesgo de ser sancionado por instituciones internacionales.

La reforma comprometería la credibilidad y confianza del garante de la política bancaria cuando se pretende obligarlo a comprar el excedente de dólares a los bancos, aunque no se haya comprobado su procedencia lícita, precisó.