A nombre del Gobierno de México, el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, ofreció -hoy- al embajador de Guatemala, Mario Búcaro Flores, y nueve legisladores de ese país, cubrir los gastos de repatriación de las personas migrantes guatemaltecas asesinadas en el municipio de Camargo, Tamaulipas, el 22 de enero pasado, en cuanto lo autorice la Fiscalía General de Justicia de la entidad, instancia responsable de la  investigación.

En las oficinas del INM, dependiente de la Secretaría de Gobernación, en la Ciudad de México, la autoridad migratoria mexicana y la delegación de representantes del gobierno de Guatemala, así como diputados de la misma nación, acordaron fortalecer los lazos de comunicación y de trabajo, a fin de garantizar la salvaguarda y defensa de los derechos de las personas migrantes en contexto de movilidad en ambos países.

Refrendaron -así- su compromiso por una política migratoria, segura, ordenada y regular, con enfoque humanitario y de respeto a los derechos humanos, como pilares de la vecindad y la colaboración por el enriquecimiento social y económico de las dos naciones.

En este sentido, se informó que, entre el 1 de diciembre de 2018 al 21 de febrero de 2021, han ingresado a México 3 millones 177 mil 944 personas de nacionalidad guatemalteca, equivalente al 18 por ciento de la población de ese país.

De ese universo, 3 millones 87 mil 749 entraron a México de manera regular y 90 mil 195, irregular (2.83 por ciento).

Cabe mencionar que el INM ha emitido, también en ese periodo, 235 mil 43 documentos de estancia regular a personas de origen guatemalteco, entre tarjetas de residente y visitante, tarjetas de visitante regional, y tarjetas de trabajador fronterizo.

Respecto a lo ocurrido en Tamaulipas, el INM informó que fueron separados del cargo ocho personas funcionarias publicas de la oficina de representación en el estado de Nuevo León, quienes mes y medio antes de los lamentables hechos en Camargo, incumplieron un protocolo administrativo y resguardaron, sin tener esa facultad, una de las camionetas que se encontró calcinada junto con los migrantes.

También, se procedió a dar vista de estas acciones al Órgano Interno de Control (OIC) del INM, y se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México, para que se proceda al deslinde de responsabilidades.

El INM reafirma el cumplimiento de la Ley de Migración y su reglamento, así como de los derechos humanos de quienes se encuentren en un contexto de movilidad, sin importar su origen o condición social, económica o política.