El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la Cámara de Diputados, afirmó que, de cara al proceso electoral del 6 de junio próximo, se ejecuta –desde la Presidencia de la República con el respaldo de la Fiscalía General- un “circo mediático” contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca a quien se busca desaforar y sujetar a un juicio bajo las acusaciones de delincuencia organizada; Operación con Recursos de Procedencia Ilícita, y Defraudación Fiscal Equiparada.

Antonio Ortega Martínez, Secretario de la Comisión de Hacienda y miembro del Comité de Ética de esta soberanía, aseguró que sin duda, se arma contra el gobernador de oposición, “una estrategia política para exhibirlo y debilitarlo”, y –de hecho- aseguró que “este será un ejercicio que veremos en dos o tres casos más, porque la intención será convertir la campaña electoral (considerada como la elección más grande de la historia) en un circo que desvíe la atención sobre temas fundamentales relacionados con el deterioro de la economía, la pérdida del crecimiento, de los empleos, del poder adquisitivo del salario, y de la infraestructura” en el país.

“Con el creciente problema de insatisfacción por el tema de inseguridad y violencia; y –desde luego- lo que se ha convertido en un galimatías y “una piedra en el zapato” del gobierno que es la campaña de vacunación y la estrategia frente al Covid; creo que esta es una estrategia para desviar la atención sobre los temas fundamentales que están ejecutándose de manera equivocada por el gobierno”, aseveró.

El legislador federal aseguró que, con el procedimiento para retirar el fuero al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, se ha emprendido desde la Presidencia de la República, un debate político y pleito mediático que puede recaer, incluso, hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación debido a que no dependerá solo de instancias federales, sino también locales.

Debe haber, dijo, una concurrencia de responsabilidades y facultades, no solo de la Fiscalía General (por ser presuntamente, delitos federales) y la Cámara de Diputados (como establecen los artículos 110 y 111 de la Constitución relativos a la pérdida del fuero), sino que también tienen que resolver el Congreso y el Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas.

En este sentido, Antonio Ortega criticó la actitud asumida por Ignacio Mier, Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara y coordinador de la bancada de Morena, una vez que éste difundiera a través de sus redes sociales, que recibió la solicitud de declaratoria de procedencia contra el gobernador García Cabeza de Vaca y lo hiciera mediático sin tener en sus manos la carpeta de investigación con las pruebas que inculpan al mandatario.

“Estamos quizás, de nueva cuenta ante un procedimiento que violenta gravemente los primeros artículos de la Constitución que garantizan que “ningún mexicano puede ser molestado en su persona o en sus propiedades sin orden de un juez”. Es decir, sin haber sido escuchado y vencido en un juicio… “Todos somos inocentes hasta que en un juicio no se demuestre lo contrario”, destacó.

El legislador consideró que se ha generado un enredo jurídico pues hay quienes creen que, resolviendo la Cámara, el gobernador puede ser detenido inmediatamente, lo que no es correcto.

Explicó que la Mesa Directiva en San Lázaro debe turnar la carta y carpeta entregadas por la Fiscalía General a la Sección Instructora quien, después de analizar, convoca a una sesión de Pleno especial, donde las y los diputados se erigen en “Jurado de Procedencia”, escuchan a las partes o a sus representantes (Fiscalía General de la República y al gobernador o sus abogados) y se da, posteriormente, un debate entre las y los legisladores para escudriñar sobre los dichos de ambas partes más la información contenida en el expediente.

Después viene la votación y, por mayoría simple (es decir, la mitad más uno de los presentes) se decide si hay lugar para retirar el Fuero. Una vez concluido el proceso, la Cámara comunica –exclusivamente con carácter “declarativo”- la decisión del desafuero a la Legislatura local para que ésta actúe en procedencia, y ello puede llevar quizás meses.

El perredista detalló que el artículo 152 de la Constitución de Tamaulipas señala claramente que solo habrá lugar para procesar al gobernador, ante el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia local, previa resolución del Congreso del estado, por Mayoría Calificada”.

Lo que está claro, finalizó, es que la Cámara de Diputados termina su actuación con la votación y comunica la resolución, por lo que estamos ante a un juicio jurídico largo, un extenso debate político, y un prolongado pleito mediático que no terminará en semanas.