La democracia y el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales en el estado de Oaxaca podría estar en riesgo por la desaparición del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IAIP) y el hecho de que no se prevea un plazo transitorio para la instauración del nuevo organismo, advirtió el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que se dijo dispuesto a ejercer a plenitud sus facultades constitucionales y legales para evitar retrocesos a la garantía de esos derechos fundamentales.

El Congreso de Oaxaca, a iniciativa de la bancada de Morena, aprobó el miércoles pasado la una reforma a la Constitución estatal que crea el “Órgano Garante de Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno”, que sustituirá al IAIP.

En reunión de trabajo, las comisionadas y los comisionados del INAI consideraron que el dictamen aprobado podría atentar contra la democracia e implicar violaciones a los derechos humanos de acceso a la información y de protección de datos personales en la entidad federativa.

Expresaron su preocupación porque, además de dejar a la deriva estos dos derechos fundamentales, quedan en incertidumbre jurídica la Institución, su personal, así como la comisionada y el comisionado que integran el pleno del IAIP.

Las y los integrantes del INAI manifestaron que la función principal de los órganos garantes es promover y tutelar los derechos humanos de acceso a la información y de protección de datos personales, tal como lo establecen la Constitución federal y la Ley General de Transparencia.

Además, enfatizaron que no debe pasar desapercibido que los órganos garantes del país, integrados en el Sistema Nacional de Transparencia (SNT), son resultado de la lucha y la exigencia social por acceder a la información del gobierno, demandar rendición de cuentas y vigilar su actuar.

En la reunión, las y los integrantes del INAI acordaron analizar a fondo las posibles repercusiones que podría generar el dictamen aprobado.