La decisión de permitir el ingreso al fiscal general, Alejandro Gertz Manero, al Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt, y otorgarle el Nivel III, el más alto dentro de la institución, tras una queja interpuesta por el propio funcionario ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), es, para miembros de la comunidad científica “una vergüenza”, que pone entredicho el prestigio de las comisiones evaluadoras de los investigadores aspirantes.  

Gertz Manero inició un proceso legal en el año 2010 con el propósito de ingresar al Sistema Nacional de investigadores del Conacyt, pues fue rechazado en cinco ocasiones por los comités evaluadores; tras agotar las instancias legales, interpuso una queja Conapred, que depende de la Secretaría de Gobernación.

En octubre pasado el Conapred emitió una recomendación al Conacyt para que reparara el daño y evaluara nuevamente los méritos del fiscal tras comprobar “actuaciones de trato diferenciado” en agravio de Gertz Manero. Así, se conformó una Comisión Especial Dictaminadora, presidida por Ernesto Villanueva Villanueva, e integrada por dos investigadores más, cuyos nombres no se han dado a conocer.

En un dictamen, la Comisión establece que Gertz Manero fue objeto de una revisión con “apreciaciones subjetivas de los integrantes de las comisiones dictaminadoras o revisoras”.

Además, indica que la propia titular del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, manifestó al Conapred que se detectó “un ejercicio arbitrario de las funciones de evaluación, así como parcialidad y falta de objetividad por parte de los evaluadores al momento de aplicar los criterios de evaluación previstos en la normativa, lo cual genera incertidumbre entre los solicitantes y puede conducir a la actualización de prácticas discriminatorias”.

Sobre el caso, Raúl Trejo Delarbre, doctor en Sociología, explica que la resolución es inquietante, pues en el SNhay procedimientos complejos sustentados en la exigencia académica, los cuales, si bien pueden ser discutidos, deben privilegiar los méritos comprobables de los aspirantes.

En este sentido, dice el investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, el dictamen de la Comisión reemplaza los criterios académicos por consideraciones que no se ajustan ni a la tradición del SNI ni a elementos principios de evaluación académica, ni a las reglas vigente del Sistema Nacional de Investigadores.

“Lo que me parece más preocupante es el reemplazo de criterios académicos por consideraciones de otra índole. Además, me llama la atención que se apele a una presunta discriminación. A mí me gustaría que el Conapred funcionara bien en muchos campos de la vida pública, atendiendo problemas de discriminación reales, pero no sé si se puede considerar discriminatoria a una decisión académica”, explica Trejo Delarbre.

Y añade: “Se la da al aspirante una resolución positiva pese a que cuando pasó por el procedimiento de evaluación del Conacyt, fue evaluado desfavorablemente. Esta evaluación no reemplaza a las reglas del Conacyt. En este momento hay una convocatoria abierta, los aspirantes a ser admitidos o promovidos no serán eximidos de la necesidad de probar sus publicaciones y demás obligaciones, de modo que se trata de una decisión fuera de lo ordinario y, hasta donde tengo entendido, inédita y no vinculante con próximas decisiones. Además, resulta injusta con muchísimos aspirantes que no tienen los méritos que se toman en cuenta para el Nivel III, conozco muchos colegas que tienen muchos más méritos que los que acreditó Gertz Manero y no han llegado al nivel más alto en la evaluación del SNI”, dice Trejo.

Alma Maldonado, investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) del IPN, considera que esta decisión es un agravio más para comunidad científica, pues a las valoraciones académicas con comisiones regulares del SNI, que son las que evalúan a todos los aspirantes, se les impuso la decisión de una comisión especial de tres personas, cuyos dos de sus miembros son desconocidos.

“Es un agravio más porque no sólo estamos en plena convocatoria con el Conacyt que cambió los criterios sin el consenso de las comisiones; además, con el antecedente de que ya no se entregarán estímulos económicos a nuestros compañeros de universidades e instituciones privadas, y con todos los problemas que ha habido con la plataforma que no funciona. De modo que este escenario viene a recordarnos los pésimos manejos por parte de la administración actual del Conacyt y del SNI, por eso estamos tan indignados muchos miembros de la comunidad”, dice Maldonado.

Por su parte, Brenda Valderrama, presidente de la Academia de Ciencias de Morelos, explica: “Mi preocupación tiene que ver con el procedimiento que pone en riesgo la esencia misma del SNI al judicializar la evaluación. Al enviar el expediente a un comité ad hoc en lugar del comité de evaluación correspondiente, acción inédita y difícilmente justificable, se evade el fundamento del sistema que es la evaluación colegiada por pares bajo criterios de calidad. Eso es independiente de la debilidad curricular del postulante”.

¿Sienta un precedente al permitir que instituciones ajenas al SNI tengan un peso en la decisión que tendría que ser tomada por pares?, se le pregunta a Valderrama. “Por supuesto, sin embargo, es una tendencia. El judicializar también temas de salud como el acceso a vacunas es otro síntoma. Parecería que nuestra gobernanza está debilitada y que hemos perdido la capacidad de concertar como sector”, responde.

En este sentido, Trejo Delarbre, espera que no siente precedente, pues podría provocar “una catarata de inconformidades” que pueden tardar algunos años en resolverse. “Se podría apelar a la benevolencia de los evaluadores y no al rigor de las consideraciones académicas, se apelaría a la autoevaluación de los interesados -que siempre creemos que merecemos más de los que nos dan- por encima de la evaluación de los pares académicos”, dice.

En toda evaluación, precisa Trejo Delarbre, hay una carga de subjetividad de los evaluadores, pero para acotar esa subjetividad existen reglas, parámetros y criterios para cada área y para cada nivel.

“Todo esto ha sido reemplazado por una colección de excepciones que estableció la Comisión, por eso es preocupante. Y esto me lleva a otro asunto: es imposible ignorar que estamos ante una decisión que tiene implicaciones políticas. Durante varios años las peticiones del Doctor Gertz, primero ante el Conacyt y luego ante la justicia, fueron desechadas, y solamente la actual administración, de la que es integrante destacadísimo, con un cargo relevantísimo, es cuando se beneficia de una decisión de un organismo de la Secretaría de Gobernación, y luego de una Comisión nombrada por el propio Conacyt. Esto puede merecer muchos adjetivos, en todo caso se trata de una decisión que no se ajusta a las reglas e implica un beneficio otorgado con discrecionalidad por funcionarios de un gobierno, en favor de funcionarios de ese gobierno. Para decirlo, con todas sus letras, estamos ante una decisión sumamente vergonzosa”, concluye Trejo Delarbre.

Maldonado recordó que la jefa de Gobierno de la Ciudad de MéxicoClaudia Sheinbaum, criticó que el nuevo reglamento del SNI permita a funcionarios públicos, pertenecientes al sistema, cobrar el estímulo que se otorga a sus miembros. En este sentido, dice, cobra relevancia que esta decisión beneficie a un funcionario como Gertz Manero.

Lo más importante es el mensaje que se manda a la comunidad y lo que esto representa para el prestigio de las evaluaciones del SNI y para su credibilidad. El SNI no es perfecto, sí puede haber consideraciones de discriminación por cuestiones de origen étnico, de género, pero ser discriminado por ser funcionario pues no tiene sentido porque el SNI es un apoyo para quien realiza investigaciones, Gertz Manero no está adscrito a ninguna institución que hace investigación científica y académica. Es muy raro que a partir del Conapred se haya desatado todo esto”, advierte Maldonado.

Y añade: “Lo que estamos viendo es que vamos con rumbo a la judicialización de un programa cuyo primer propósito era evitar la fuga de cerebros, luego fue incentivar la investigación científica en el país. Ahora hay que ver quién formó esa Comisión Especial y si contó con el apoyo de las áreas correspondientes, que, en este caso, es de Ciencias Sociales, o si fue una decisión unilateral de la directora del Conacyt”.    

Este caso ha generado cientos de reacciones en redes sociales, por considerar que se vulneraron las normativas para beneficiar a un alto funcionario del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Los requisitos para ser miembro del SNI

El Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, establece que el Consejo General es la instancia de mayor autoridad en el SNI y, entre sus funciones, está definir el número y las características de las comisiones que evaluarán las solicitudes de ingreso o permanencia al Sistema.

Entre los requisitos que consideró la Comisión Especial, se señala que para ser miembro del SNI se debe contar con el grado de doctor, el cual “satisface el afectado”. El segundo requisito es realizar “habitual y sistemáticamente investigación científica”, elemento que, a juicio de los integrantes, el fiscal, “satisface”.

Otro requisito es contar con artículos, libros y/o capítulos de libros dictaminados y publicados por editoriales de reconocido prestigio académico. Para la Comisión, Gertz Menero cuenta con 5 libros como autor único, 2 capítulos de libros y 6 artículos científicos.

El Sistema Nacional de Investigadores fue creado en 1984, para reconocer la labor de las personas dedicadas a producir conocimiento científico y tecnología. El reconocimiento se otorga a través de la evaluación por pares y consiste en otorgar el nombramiento de investigador nacional. Esta distinción simboliza la calidad y prestigio de las contribuciones científicas.

Además, se otorgan estímulos económicos cuyo monto varía con el nivel asignado. El nivel III, el más alto, tiene un estímulo mensual de 38 mil 142 pesos.

Fuente: Alida Piñón – El universal