Para avanzar en el fortalecimiento del marco jurídico que garantice la protección de los derechos de las y los trabajadores del sector de HCTI ante casos de corrupción y abuso al interior de sus centros de trabajo, este miércoles se llevó a cabo la quinta jornada de las Mesas de Diálogo “Los Derechos y Garantías de las y los Trabajadores del Sector de HCTI”, en donde participaron especialistas de diversas instituciones y centros públicos de investigación, así como miembros del Programa Cátedras Conacyt, ex colaboradoras de organismos de ciencia y periodistas.

Al inaugurar la Mesa “Casos de Corrupción y Violaciones a los Derechos de las y los Trabajadores de la Ciencia”, la titular de la Unidad de Planeación, Comunicación y Cooperación Internacional, Dra. Marcela Cristina del Carmen Pouliot Madero, comentó que el Conacyt se encuentra en un proceso de transformación que busca erradicar los vicios del pasado y empezar un nuevo ciclo, en el que prevalezcan los derechos humanos y la no discriminación.

Posteriormente, la Mtra. Alma Robles Sardín, secretaria de Organización del Sindicato Auténtico de Trabajadores del CIAD, presentó evidencias de acoso y hostigamiento laboral en ese Centro y destacó la importancia de cuidar la salud mental de las y los trabajadores, así como el derecho a desarrollarse en un ambiente saludable. También, denunció la falta de transparencia del Centro y el funcionamiento deficiente de sus comisiones mixtas.

El Mtro. Julio César Sánchez Roldán, secretario de Prevención Social del SITACIO, expuso la necesidad de erradicar la violencia psicológica y el acoso laboral en los centros de trabajo, y destacó la importancia y trascendencia de la denuncia por parte de las víctimas.

El Dr. Jorge Zavala Álvarez, integrante del SIPCOLEF, dijo que los Fondos Mixtos y los Fondos Institucionales que anteriormente operaban en el Conacyt son la expresión más clara de la arbitrariedad, pues fueron utilizados para asignar discrecionalmente millones de pesos a proyectos con poca pertinencia para la investigación científica. Además, destacó que el Anteproyecto de Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación es un claro ejemplo de la intención del Estado de reducir la discreción y la arbitrariedad en el uso de los recursos en las instituciones dedicadas a investigación.

Al destacar la importancia de observar el principio pro persona, consagrado en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Dra. Gisela Pérez Fuentes, investigadora de la UJAT, dijo que es necesario promover un entorno organizacional adecuado en los centros de trabajo, con el fin de prevenir los factores de riesgo psicosocial relacionados con el desempeño laboral. En ese sentido, agregó que se debe incorporar una Unidad de Verificación de acuerdo a lo establecido en la NOM-035-STPS-2018, vigente pero no aplicada a los centros de trabajo.

El Dr. Armando Contreras Hernández, investigador del Inecol, explicó que para impedir el deterioro de las relaciones laborales es necesario proveer un apoyo psicológico y social que fomente la salud colectiva. Explicó que el perfeccionamiento del marco jurídico que rige a la comunidad académica es la base para el crecimiento de las HCTI. En ese sentido, subrayó que, si se quiere mejorar el impacto de la ciencia en la sociedad, es necesario eliminar el sistema de evaluación punitiva, así como la dinámica altamente competitiva y sin reglas democráticas al interior de los centros de trabajo.

Más adelante, la Dra. Lena Ruiz Azuara, investigadora de la Facultad de Química de la UNAM, señaló las dificultades y los tipos de violencia de género que comúnmente enfrentan las mujeres en el sector; propuso medidas para erradicarlos e hizo una invitación a las víctimas a denunciar ese tipo de situaciones. También, enfatizó la urgencia de que se rompa el techo de cristal que impide a las investigadoras ocupar puestos directivos en sus organizaciones.

El Dr. Pedro Camilo Alcántara Concepción, integrante del Movimiento por la Ciencia, criticó la precariedad de los apoyos que se destinan a los becarios y el manejo discrecional con el que las instituciones de educación superior manejan su presupuesto. En ese contexto, reprobó la permanencia de las autoridades universitarias en las posiciones directivas y la vinculación distorsionada que guardan con la iniciativa privada. Además, propuso la definición de mecanismos de evaluación que tomen en cuenta el contexto en que se desempeñan las y los investigadores a fin de evitar inequidades.

La Dra. Rosa María Garza Marcué, investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, recordó que a través de la organización sindical se promovieron las conquistas laborales y la defensa del patrimonio cultural, dotando a la materia de su trabajo, el patrimonio cultural, de un singificado laboral. Además, denunció la situación que guardan las y los trabajadores del INAH a partir de la inclusión de ese Instituto a la Secretaría de Cultura.

Al presentar los resultados de la encuesta realizada al interior de las cinco unidades del Ecosur sobre la percepción de agresión y violencia hacia las estudiantes y profesoras del Colegio, la Mtra. Guelmy Anilú Chan Mutul, integrante de la colectiva Mujeres Estudiantes Ecosur, criticó la falta de protocolos internos para denunciar y castigar el acoso y hostigamiento en el ambiente laboral, así como la poca empatía de las autoridades y el personal docente para atender estos casos, lo que favorece una normalización de la violencia.

La Dra. Ilse Cervantes Camacho, investigadora del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, del IPN, compartió su experiencia sobre el hostigamiento y acoso laboral y sexual que vivió desde 2006 hasta 2015 durante su desempeño como investigadora del IPICYT en San Luis Potosí. Denunció tanto que el Centro no contaba con protocolos para atender estos casos de violencia, como la respuesta de las autoridades, quienes negaron los hechos aduciendo que eran situaciones entre particulares.

Por su parte, el Dr. Joaquín Piña Mondragón, miembro del Programa Cátedras Conacyt, dio testimonio sobre el acoso laboral que integrantes de ese programa experimentaron durante su adscripción al CentroMet, así como las condiciones de vulnerabilidad a las que se enfrentaron por la negligencia de los responsables del proyecto. Mencionó que el Siintracatedras no cuenta con el consenso de los miembros del Programa y añadió que las acciones unilaterales que ha emprendido el sindicato ponen en riesgo las carreras de los investigadores y sus salarios, así como la continuidad de sus proyectos.

La Mtra. Batsy Acosta Mayorga, ex trabajadora de la Academia Mexicana de Ciencias, expuso el caso de nepotismo al interior de la AMC, que en mayo de 2020 resultó en el despido masivo e injustificado de 60 trabajadores. Denunció que las autoridades de la Academia han cometido una infracción grave en materia laboral al retener el pago de salarios y liquidaciones conforme a la Ley, por lo que solicitan una auditoría de recursos para esclarecer el uso de los mismos. Además, señaló que las asociaciones civiles privadas, como la AMC, realizan actividades de difusión y divulgación de la ciencia, a través de prácticas que pueden constituir actos de corrupción.

Depués, el Lic. José Ricardo Balderas Alatorre, periodista del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) y colaborador del portal Aristegui noticias, hizo una revisión de los casos de corrupción que se presentaron en la cúpula del Conacyt durante las administraciones anteriores y al amparo de los Fondos Mixtos e institucionales.

Finalmente, la Titular de la Unidad de Planeación, Comunicación y Cooperación Internacional informó que en lo que va de esta administración, se han recibido en el Conacyt distintas denuncias relacionadas con violencia de género. En el SNI se han presentado 55 denuncias para opinión de la Junta de Honor del sistema, de las cuales 6 están relacionadas con acoso. Esos casos han sido sancionados en términos de la normativa aplicable. En el PNPC se ha recibido 50 quejas de becarios sobre los posgrados, de las cuales 14 están relacionadas con asuntos de violencia y discriminación. En esos casos, el Conacyt, respetando la autonomía de las instituciones, solicita que se implementen protocolos para atender las acusaciones. En los CPI del Consejo se tuvieron dos casos de violencia de género documentados, uno del CICESE y otro del COLMICH. En ambos casos se separó al victimario de su cargo.

Asimismo, mencionó que en cumplimiento de la política de cero tolerancia a la corrupción y a la violencia de género que ha implementado el Conacyt, invitaba a toda la comunidad de HCTI a comunicar al Consejo los casos relacionados con dichas prácticas que se hayan realizado en los Centros Públicos de Investigación, adjuntando la información que juzgue pertinente, por medio de la siguiente cuenta de correo:

Enfatizó que el Conacyt se compromete a dar puntual seguimiento a las denuncias, a promover el acompañamiento institucional a las victimas y a garantizar que, con independencia del cargo o trayectoria del victimario, éste sea investigado y no quede impune.

El video de la quinta mesa titulada “Casos de Corrupción y Violaciones a los Derechos de las y los Trabajadores de la Ciencia”, puede ser visualizado en canal del Conacyt en Youtube, a través del siguiente enlace: