La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció que el gobierno mexicano presentó la primera demanda civil en el extranjero para exigir que Estados Unidos entregue los bienes que el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, mantiene en aquel país y que son producto de actos de corrupción, lavado de dinero, conspiración y enriquecimiento injusto.

La demanda, explicó la dependencia, se presentó en coordinación con las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y la de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), para recuperar los bienes que el ex funcionario del gobierno del ex presidente Felipe Calderón generó en Estados Unidos con recursos que provenían de ilícitos.

La demanda se presentó en la Corte de Miami e implica 39 empresas y fideicomisos que pertenecen a Genaro García Luna, sus cómplices y familiares, que se adquirieron “con dinero derivado de un esquema de contrataciones ilegales” y que, específicamente, se ubican en Florida.

“Estos activos son derivados de un gran esquema ilegal de contratación en el sector de la seguridad y defensa nacional, relacionado con el ex secretario de Seguridad Pública. Esta primera acción judicial se ha presentado en las cortes de Miami, Florida, en los Estados Unidos, ya que es el lugar donde se identificaron un importante número de empresas y propiedades asociadas a los actos de corrupción política y lavado de dinero que integran el litigio.

“La presente demanda se basa en violaciones a la Ley Rico de Florida, conspiración y enriquecimiento injusto, entre otros. En el litigio se alega que los demandados son integrantes de un gran grupo de empresas creadas y utilizadas por García Luna y sus co-conspiradores para esconder recursos derivados de actos de corrupción”, explicó la UIF.

Se trata del primer juicio de esta índole que presenta el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien a inicios de su gobierno anunció que buscaría recuperar los bienes de aquellos narcotraficantes o ex funcionarios acusados de corrupción que se encontraran en otros países, como parte de su política para “devolverle al pueblo lo robado” y, que en su momento, el primer caso en el que expresó su interés fue el de Joaquín El Chapo Guzmán.

La UIF agregó que estas acciones buscan “refrendar el compromiso de abatir las estructuras económicas de las organizaciones criminales y la impunidad, para hacer efectivo el derecho de la sociedad mexicana a recuperar activos procedentes de esquemas de lavado de dinero que tuvieron origen en territorio nacional, pero fueron incorporados y diversificados en jurisdicciones extranjeras. Lo anterior remarca la posición del Estado mexicano de cero tolerancia frente a actos de corrupción”, señaló.

Fuente: Milenio