La Secretaría de la Función Pública (SFP) deslindó de cualquier responsabilidad administrativa o conflicto de interés, al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a su hijo, José Ramon López Beltrán, y al empresario Daniel Chávez.

El 15 de febrero de 2022, la SFP recibió un escrito en el que se imputó al presidente de la República y a Daniel Chávez Morán de haber incurrido, presuntamente, en “conflicto de interés, cohecho y soborno”, luego de que el hijo del presidente expusiera una carta donde aseguró trabajar para los hijos del empresario dueño de Grupo Vidanta y “supervisor honorario” del proyecto del Tren Maya; ello tras el escándalo por la denominada Casa Gris en Houston, Texas.

A través de una tarjeta informativa, la dependencia federal informó que “con base en la información obtenida y en el marco jurídico aplicable, la investigación determinó que no se encontraron evidencias competentes y concluyentes que acreditaran la presunta comisión de hechos, actos u omisiones susceptibles de configurar alguna falta administrativa atribuible al servidor público y a los particulares”.

De acuerdo con la Función Pública, Daniel Chávez Morán, no recibió ni recibe ningún sueldo, emolumento, pago o retribución por parte de la Administración Pública Federal, ni ejerció las funciones de las personas servidoras públicas designadas en términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Por lo tanto, “no se encontraron irregularidades en los actos jurídicos relacionados entre el Grupo Vidanta e instituciones del Gobierno Federal”.

Asimismo, la dependencia federal encargada de combatir la corrupción, declaró no tener competencia para investigar actos jurídicos ajenos a la Administración Pública Federal, ni tampoco los actos celebrados fuera del territorio nacional, “como los que se refieren en el escrito acerca de la empresa KEI Partners”.

Tras el escándalo de la Casa Gris, López Beltrán dijo trabajar como asesor legal de la empresa KEI Partners, una firma dedicada a los inmuebles de lujo en Houston, Texas, propiedad de los hijos de Daniel Chávez.

“La SFP ejerce sus atribuciones de investigación y sanción con sustento en las pruebas recibidas y recabadas, y con respeto al debido proceso”, aseguró.

Fuente: 24 horas