Con el objetivo de reducir la carga de trabajo en fiscalías y evitar que conflictos menores saturen el sistema penal, el senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, y la diputada federal Iraís Reyes de la Torre presentaron una iniciativa para expedir la Ley General de Justicia Cívica e Itinerante, una propuesta que busca homologar en todo el país los mecanismos de atención a faltas administrativas y conflictos cotidianos.

La iniciativa pretende establecer un modelo nacional de justicia cívica que permita atender de manera más ágil y eficiente problemas como riñas vecinales, daños menores, ruido excesivo y obstrucción de espacios públicos, antes de que escalen hacia procesos penales o situaciones de violencia. De acuerdo con los legisladores, actualmente existe una dispersión normativa en la materia, ya que las reglas relacionadas con justicia cívica se encuentran distribuidas en más de 2 mil 400 reglamentos municipales y en algunas legislaciones estatales, lo que genera desigualdad y falta de criterios uniformes en la atención de estos conflictos.

Luis Donaldo Colosio Riojas recordó que desde 2017 existe un mandato constitucional para que el Congreso de la Unión expida una ley general en materia de justicia cívica; sin embargo, señaló que han transcurrido más de nueve años sin concretarse dicha legislación. El senador advirtió que las fiscalías actualmente destinan recursos humanos, tiempo y presupuesto a asuntos menores que podrían resolverse mediante mecanismos alternativos, restando capacidad para investigar delitos graves y combatir la inseguridad. “Actualmente las fiscalías pierden tiempo, dinero y personal atendiendo conflictos menores en lugar de enfocarse en los delitos graves”, sostuvo.

La propuesta legislativa contempla la creación de juzgados cívicos profesionalizados con audiencias públicas y orales orientadas a privilegiar la conciliación, la mediación y los acuerdos reparatorios. Además de jueces cívicos, estos espacios contarían con personal médico, psicológico, facilitadores y policías de custodia, con la finalidad de brindar atención integral a las personas involucradas y fomentar soluciones pacíficas a los conflictos comunitarios.

Por su parte, Iraís Reyes de la Torre explicó que la iniciativa también plantea mecanismos de justicia itinerante para acercar estos servicios a comunidades alejadas o zonas marginadas, así como la posibilidad de sustituir arrestos por multas o trabajo comunitario. Asimismo, el proyecto contempla modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales para que los asuntos de menor gravedad deban intentar primero acuerdos reparatorios en juzgados cívicos antes de judicializarse penalmente.

La propuesta incluye además la creación de registros estatales y municipales de juzgados cívicos y de personas juzgadoras, con el propósito de transparentar el funcionamiento del sistema y evaluar el desempeño de las autoridades responsables. De acuerdo con Movimiento Ciudadano, la iniciativa busca saldar una deuda histórica en materia de justicia cotidiana y construir un modelo más eficiente, menos costoso y enfocado en prevenir que problemas menores deriven en delitos de mayor gravedad.