El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ignacio Mier Velazco, aseguró que la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos busca cerrar espacios al crimen organizado, combatir el lavado de dinero y fortalecer el cumplimiento de las obligaciones fiscales, sin perjudicar a las familias mexicanas ni eliminar el uso del efectivo.

El legislador de Morena defendió el ordenamiento aprobado por el Senado el pasado 20 de octubre y rechazó las versiones que advierten sobre la desaparición de los pagos en efectivo, al señalar que la intención es ampliar las herramientas de control financiero y dificultar las operaciones ilícitas.

“La ley no busca perjudicar al pueblo de México, sino combatir a quienes lavan dinero, evaden impuestos y se aprovechan de los vacíos legales para realizar operaciones ilegales”, sostuvo.

Mier Velazco explicó que los pequeños comercios, mercados populares, carnicerías, tiendas de abarrotes y vendedores ambulantes podrán continuar recibiendo pagos en efectivo, por lo que consideró incorrecto afirmar que todas las transacciones deberán realizarse obligatoriamente mediante tarjetas o transferencias electrónicas.

En ese sentido, cuestionó a quienes han criticado la legislación y los acusó de difundir información equivocada para generar incertidumbre entre la población. Afirmó que los principales destinatarios de las medidas de control son quienes utilizan mecanismos financieros para ocultar recursos de procedencia ilícita.

El coordinador parlamentario destacó que la digitalización de los pagos también pretende impulsar la inclusión financiera, particularmente entre mujeres, habitantes de comunidades rurales y personas que históricamente han enfrentado dificultades para acceder a servicios bancarios.

Explicó que una mayor incorporación de la población al sistema financiero puede facilitar el acceso al ahorro, créditos, seguros y financiamiento para actividades productivas, además de contribuir a la formalización de micro y pequeñas empresas.

La legislación contempla distintas modalidades de pago electrónico y faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para determinar los sectores estratégicos en los que podrán establecerse requisitos específicos de digitalización, aspecto que ha generado cuestionamientos sobre sus posibles efectos en comerciantes y consumidores.

Mientras sus promotores sostienen que permitirá reducir costos de transacción, agilizar operaciones y fortalecer la transparencia financiera, legisladores de oposición han advertido que su implementación podría representar gastos adicionales por contratación de internet, terminales bancarias y comisiones, además de generar dificultades para quienes carecen de acceso a herramientas digitales.

Frente a estas preocupaciones, Mier Velazco insistió en que la modernización de los sistemas de pago no debe interpretarse como una medida contra la economía popular, sino como un instrumento para ampliar las oportunidades económicas y fortalecer los mecanismos de vigilancia sobre operaciones financieras.

La efectividad de la nueva legislación para combatir el lavado de dinero dependerá de su aplicación, de los mecanismos de supervisión y de la coordinación entre las autoridades financieras y las instituciones responsables de investigar operaciones ilícitas.

El presidente de la Jucopo reiteró que el objetivo es avanzar hacia una economía más moderna e incluyente, sin afectar las actividades comerciales cotidianas de millones de mexicanos que continúan utilizando efectivo.