Con el propósito de combatir la corrupción, evitar la impunidad y fortalecer la rendición de cuentas en los gobiernos municipales, la senadora Juanita Guerra Mena, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó una iniciativa de reforma constitucional para impedir que alcaldes y presidentes municipales puedan ser electos nuevamente cuando mantengan observaciones de auditoría sin solventar correspondientes a su gestión.
La propuesta contempla modificar el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de establecer restricciones para quienes pretendan regresar a una presidencia municipal sin haber aclarado previamente las irregularidades detectadas en el ejercicio de los recursos públicos.
La legisladora por Morelos explicó que uno de los principales problemas de fiscalización municipal radica en que las auditorías se realizan sobre ejercicios presupuestales concluidos, por lo que sus resultados suelen notificarse cuando los alcaldes están por terminar su administración o incluso después de abandonar el cargo.
Esta situación, advirtió, permite que funcionarios con observaciones pendientes busquen nuevamente posiciones de elección popular sin haber esclarecido el manejo de los recursos públicos durante sus anteriores responsabilidades.
Como ejemplo, mencionó el caso de Jesús “N”, expresidente municipal de Cuautla, quien, según lo expuesto por la senadora, fue vinculado a proceso por presuntos delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas.
Guerra Mena señaló que el exfuncionario también habría dejado sin solventar observaciones correspondientes a la cuenta pública de 2020 ante la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización de Morelos (ESAF), entre ellas irregularidades relacionadas con un faltante de aproximadamente 10 millones de pesos.
Cuestionó que, pese a esos antecedentes, el exalcalde hubiera buscado nuevamente competir por la administración municipal, situación que, a su juicio, evidencia la necesidad de establecer mayores controles sobre quienes aspiran a ocupar cargos públicos.
La senadora advirtió que las irregularidades financieras no aclaradas terminan trasladándose a las administraciones siguientes, afectando la capacidad de los ayuntamientos para atender necesidades fundamentales de la población.
Entre los servicios que pueden verse comprometidos mencionó el suministro de agua potable, alumbrado público, seguridad y recolección de residuos, debido a las consecuencias de una administración deficiente de los recursos municipales.
Guerra Mena sostuvo que la reforma permitiría fortalecer la responsabilidad de los servidores públicos y evitar que las observaciones de los órganos fiscalizadores queden pendientes indefinidamente.
La iniciativa plantea incorporar el cumplimiento de las obligaciones de fiscalización como una condición para quienes busquen ocupar nuevamente una presidencia municipal. Su eventual aprobación requeriría establecer mecanismos claros para distinguir las observaciones administrativas pendientes de aquellas que impliquen responsabilidades acreditadas, así como garantizar el derecho de audiencia de las personas involucradas.
Finalmente, la legisladora afirmó que el objetivo es asegurar que los recursos públicos se administren con transparencia y que las comunidades cuenten con autoridades comprometidas con la legalidad, la rendición de cuentas y la prestación de servicios públicos de calidad.
