Con el objetivo de dar mayor certeza jurídica al funcionamiento del Poder Judicial del Estado de México y evitar contradicciones en las atribuciones de sus órganos, el diputado Octavio Martínez Vargas, del grupo parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para actualizar la Ley Orgánica del Poder Judicial y armonizarla con la nueva estructura institucional establecida en la Constitución local.
La propuesta contempla redefinir las competencias, funciones y responsabilidades del Tribunal Superior de Justicia, el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial, instancias que surgieron a partir de la reforma constitucional aprobada en diciembre de 2024, con la que se modificó la organización del sistema judicial mexiquense.
Durante su exposición en sesión deliberante, el legislador señaló que la legislación vigente presenta duplicidades, vacíos normativos y contradicciones que pueden generar incertidumbre sobre qué autoridad tiene facultades para tomar determinadas decisiones. Por ello, consideró necesario corregir las disposiciones que asignan una misma responsabilidad a dos o incluso tres órganos distintos.
Entre los aspectos que busca precisar la iniciativa se encuentran los procedimientos para conceder licencias, cubrir vacantes, realizar sustituciones y atender asuntos relacionados con la organización administrativa del Poder Judicial. También propone fortalecer los mecanismos de vigilancia y control institucional mediante una delimitación clara de las facultades de investigación y sanción de faltas administrativas.
Martínez Vargas explicó que la actual Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobada el 2 de septiembre de 2025, fue elaborada en un periodo reducido y en el contexto de la primera elección judicial de la entidad, realizada el 1 de junio de ese mismo año. A su consideración, estas circunstancias propiciaron inconsistencias legislativas y disposiciones que no fueron debidamente armonizadas con el marco constitucional del Estado de México.
El diputado sostuvo que uno de los principales problemas deriva de la transición del anterior modelo, en el que el Consejo de la Judicatura concentraba las funciones de administración, vigilancia y disciplina, hacia un esquema en el que estas responsabilidades se distribuyen entre tres órganos con autonomía y atribuciones constitucionales propias.
Advirtió que la falta de precisión puede ocasionar conflictos de competencia. Por ejemplo, cuando dos instancias se consideran facultadas para autorizar una licencia, resolver un procedimiento disciplinario o designar a una persona sustituta, las decisiones que se emitan pueden ser impugnadas e incluso quedar expuestas a su nulidad por falta de competencia.
Esta situación, agregó, no solamente afecta la seguridad jurídica de las personas servidoras públicas del Poder Judicial, sino también la de quienes participan en los procesos judiciales y de la sociedad en general, al generar incertidumbre sobre la validez de los actos institucionales.
Por esa razón, el proyecto plantea concentrar en el Órgano de Administración Judicial las funciones que le corresponden conforme a la Constitución local, además de incorporar de manera clara las atribuciones de la Dirección General de Apoyo a la Función Jurisdiccional y establecer un sistema único de información estadística.
Otro de los puntos relevantes consiste en delimitar las responsabilidades de la Contraloría Interna del Poder Judicial y del Tribunal de Disciplina Judicial, particularmente en las etapas de investigación, substanciación y resolución de procedimientos relacionados con posibles faltas administrativas.
La iniciativa también propone establecer criterios e indicadores mínimos para evaluar el desempeño de las personas juzgadoras electas durante su primer año de ejercicio. Asimismo, busca homologar las disposiciones relativas a excusas, recusaciones e impedimentos, con el propósito de evitar interpretaciones distintas y garantizar mayor uniformidad en la aplicación de la normativa.
El legislador aclaró que las modificaciones no implican la creación de nuevos órganos, plazas o estructuras administrativas, por lo que no representarían un impacto presupuestal adicional. El propósito, insistió, es corregir las deficiencias de la legislación actual y proporcionar reglas claras para el funcionamiento del nuevo modelo judicial.
Cabe recordar que la reforma constitucional de diciembre de 2024 introdujo cambios de fondo en el Poder Judicial mexiquense, entre ellos la elección popular de magistradas, magistrados y personas juzgadoras, así como la creación del Tribunal de Disciplina Judicial y del Órgano de Administración Judicial, en sustitución del antiguo Consejo de la Judicatura.
La actualización de la legislación cobra especial relevancia ante los próximos procesos electorales judiciales. De acuerdo con los plazos establecidos, las convocatorias para la elección de personas juzgadoras deberán publicarse a más tardar el 30 de abril de 2027, rumbo a los comicios previstos para el primer domingo de junio de 2028.
Ante este escenario, Martínez Vargas consideró apremiante contar con un marco jurídico consistente que permita regular adecuadamente las responsabilidades de cada instancia antes de que inicien las siguientes etapas del proceso electoral.

