Si el gobierno federal encuentra otros malos manejos en Petróleos Mexicanos (Pemex) que hayan sucedido en administraciones pasadas serán denunciados, dijo Arturo Herrera Gutiérrez, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Durante una gira de trabajo por Quintana Roo, el funcionario comentó que debido a la pandemia del Covid-19, la dependencia deberá “ser creativa” para encontrar espacios de recursos para cubrir necesidades de infraestructura.

Acompañado del gobernador del estado, Carlos Joaquín González, en el contexto de la firma de un convenio de colaboración para intercambiar información con el fin de combatir los delitos fiscales y financieros que se cometan o hayan sido cometidos en dicha entidad, el funcionario no detalló si existen más indagatorias sobre presuntos malos manejos en Pemex.

Sin embargo, explicó que si se hallan más, serán denunciadas como es el caso de Fertinal y Agro Nitrogenados, los casos más públicos sobre los daños a la empresa del Estado.

La crisis económica ha derivado en una complejidad para el presupuesto que se propuso para el siguiente año a la Cámara de Diputados, recordó.

Los montos que la federación va a transferir a las entidades serán mayores, porque si se comparan los ingresos que realmente se van a obtener este año, se visualiza un incremento de 8.5 por ciento en términos reales, comentó.

Existen otras fuentes de recursos como el Fondo Nacional de Infraestructura, del cual se toma dinero para proyectos que son necesarios, explicó.

“Estos son canales que tenemos que utilizar ahora, porque tenemos que ser muy creativos y buscar dónde hay todos los posibles espacios de recursos. Porque es una época de escasez, pero al mismo tiempo hay gran necesidad de inversiones, nosotros tenemos que poner rendir los recursos en los mejores proyectos”, dijo Herrera.

El gobierno federal no ha recortado las participaciones de las entidades federativas, pero estas determinan con el comportamiento de la economía e incluso se utilizará el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas que cuenta con 160 mil millones de pesos para compensar los recursos que esperaban los estados, mencionó.

La prioridad número uno en el Paquete Económico es la salud, desestimó que  el gobierno deba cancelar proyectos insignia como la refinería de Dos Bocas o el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL), reiteró el funcionario.

El país seguirá viviendo con el Covid-19 por lo menos un año más, por lo que el gobierno federal debe pensar en cómo impulsar la reactivación económica, comentó.

No es posible regresar a las mismas condiciones económicas previas a la pandemia, por lo que se han impulsado proyectos de construcción de infraestructura como el Tren Maya o el AISL, pues esa actividad tiene menor riesgo de contagio, agregó.

Estas obras generarán más empleos en el futuro y se decidió que se erigieran en estados como Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo para lograr que el sureste del país crezca a tasas positivas en los siguientes años, añadió.

En el caso de Dos Bocas, su razón obedece a la reducción de importación de gasolinas y asegurar contar con ese energético ante conflictos internaciones, como la guerra comercial entre Estados Unidos y China, dijo Herrera.

Sobre el convenio suscrito, el procurador fiscal Carlos Romero Aranda, comentó que con esta acción se “le acabó la fiesta” a los defraudadores, a los factureros y para el ousourcing ilegal que no cumplen con sus obligaciones fiscales.

De acuerdo con Hacienda, el fin del acuerdo es intercambiar para combatir los delitos fiscales y financieros que se cometan o hayan sido cometidos en dicha entidad federativa, incluyendo actos de defraudación fiscal, contrabando y compraventa de facturas falsas.

La entidad entregará todo dato sobre actos ilícitos contra el fisco para que la autoridad hacendaria formule las querellas o acusaciones penales correspondientes ante tribunales federales. Agregó que toda la cobranza que se realice con motivo de los procedimientos penales derivados del convenio beneficiarían a Quintana Roo.

Fuente: La Jornada