En el segundo día de la Conferencia Nacional de Migración (CNM), el Instituto Nacional de Migración (INM), dependiente de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) refrendaron su compromiso, en el ámbito de sus facultades, para sumar esfuerzos y acciones por la salvaguarda de los derechos de las personas migrantes y en contra de los grupos delictivos responsables del tráfico ilícito de personas adultas y menores de edad en contexto de movilidad.

Ante los 32 titulares de las oficinas de representación del INM en México, reunidos en el marco de la CNM, el comisionado del instituto, Francisco Garduño Yáñez, alertó que la migración representa “un filón de oro para el crimen organizado”, que deja ganancias por alrededor de 10 mil millones de pesos -equivalente a 500 millones de dólares- por el traslado, solamente, de 100 mil personas migrantes.

“Tan rentable es que, si pasan 100 mil personas migrantes y les cobran cinco mil dólares a cada una, nos daría 500 millones de dólares, serían 10 mil millones de pesos mexicanos; nada más en el mes de julio pasaron 222 mil personas migrantes”, precisó al resaltar la importancia de establecer estrategias interinstitucionales con otras instancias del Gobierno de México, como la SSPC, para atajar el delito por trata y tráfico ilícito de personas.

El comisionado Francisco Garduño Yáñez, comentó que la información que proporciona el Inegi “es una herramienta metodológica, sistemática, que sirve a la autoridad para la toma de decisiones, objetivas, de planeación, programadas, que va a ser muy útil.”

En este sentido, el subsecretario de Seguridad Pública de la SSPC, Ricardo Mejía Berdeja, reiteró que México no está en contra de la migración ordenada y legal, sino del tráfico humano.

Refrendó el apoyo de la dependencia a las diversas instituciones relacionadas con el tema para frenar a los grupos criminales que se aprovechan de la tradición fraternal de nuestro país y de ciertos instrumentos como la Reforma Migratoria para realizar esta actividad delictiva.

Recordó a las empresas privadas dedicadas al transporte de carga y de pasajeros, la responsabilidad penal y procedimientos administrativos en los que pueden incurrir si se prestan al tráfico ilegal de personas, desde operadores, choferes, boleteros y otros.

“No se trata de criminalizar la migración, se trata de meter orden, se trata de frenar a los traficantes, se trata de que este delito de tráfico ilícito no siga creciendo”, afirmó.

Durante este segundo día de trabajos de la CNM, también se contó con la participación del vicepresidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Adrián Franco Barrios, quien mencionó que “en el mundo se mueven -según Naciones Unidas- más o menos 280 millones de personas que están migrando de un país a otro cada año”.

En todo el planeta -agregó- “se mueve más o menos el 3.6 por ciento de la población, migra, y uno de los países al que principalmente llega es Estados Unidos, le sigue Alemania, Arabia Saudita, Federación Rusa, Reino Unido, entre otros países. En Estados Unidos se estima que ingresaron, admitidas con documentación, cerca de 186 millones de personas, eso es mucho más que la población de todo nuestro país. Si vemos los datos de la autoridad mexicana, la Unidad de Política Migratoria Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación, en esta medida, tenemos 93 mil 985 personas extranjeras presentadas ante la autoridad migratoria”.

El caso de México, de acuerdo a las Oficinas de Aduana y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) en 2018, hubo 521 mil personas detenidas; en 2019, 977 mil; y en el año 2020, tan solo 458 que fue el año del confinamiento y reducción de la movilidad, pero llegó el 2021 y rompimos todos los récords de la migración y de las personas que fueron detenidas o catalogadas como inadmisibles.