Durante la sesión de las comisiones unidas de Salud y Estudios Legislativos, Segunda del Senado de la República, se dio a conocer que durante la pandemia por Covid-19, la sustracción ilegal de medicamentos se incrementó 82.5 por ciento en 2020, insumos médicos que en el mercado negro puede alcanzar más de mil 500 millones de dólares.

En lo que va de este año, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios emitió cuatro alertas sanitarias por robo de medicamentos y seis por falsificación.

Tan sólo en dos semanas se robaron vacunas contra la influenza del IMSS y 38 mil cajas de fármacos especializados, incluidos oncológicos, del almacén de la farmacéutica Novag Infancia, destacaron los legisladores.

Por lo anterior, las comisiones unidas de Salud y Estudios Legislativos, Segunda del Senado de la República, aprobaron este miércoles sancionar el robo de vacunas, medicamentos e insumos esenciales para la protección de la salud con uno a nueve años de prisión y una multa de 100 a mil veces la Unidad de Medida y Actualización.

La propuesta que reformar la Ley General de Salud, establece que la sanción se aplicará “al que por sí o por interpósita persona, se apodere de forma indebida de una o más vacunas que sean propiedad de las instituciones que constituyan el Sistema Nacional de Salud o aquellas incluidas en el Programa de Vacunación Universal o destinadas a acciones ordinarias o extraordinarias de vacunación”.

La misma sanción se prevé para quien se apodere de forma indebida de algún medicamento o de alguna ayuda funcional, considerada como tal dentro de los insumos para la salud previstos en el artículo 194 Bis.

Además, se establece una pena de tres a 10 años de prisión y una multa de 300 a tres mil veces la Unidad de Medida y Actualización, al que por sí o por interpósita persona Se apodere de forma indebida de vacunas que tengan como propósito la inmunización en contra de un agente patógeno que haya dado lugar a alguno de los supuestos del artículo 181 de la presente Ley, relativos a epidemias de carácter grave, peligro de invasión de enfermedades transmisibles, situaciones de emergencia o catástrofe que afecten al país.

Así como para la sustracción ilegal de algún medicamento o alguna ayuda funcional cuando sea de uso esencial durante la acción extraordinaria en materia de salubridad general prevista en el artículo 181.

Cuando la persona que cometa alguna de las conductas previstas, en los dos supuestos anteriores, sea servidora pública, se le aplicará una pena de cinco a 15 años de prisión y una multa de 300 a tres mil veces la Unidad de Medida y Actualización
Las y los senadores subrayaron que es pertinente condenar el robo de vacunas y medicamentos mediante la creación de un marco normativo lo más preciso posible, sobre todo si se trata de insumos para combatir los patógenos que provoquen una emergencia sanitaria.