El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Instituto Nacional Electoral (INE) y las presidencias de los 32 tribunales electorales estatales coincidieron en la necesidad de sumar esfuerzos en una agenda conjunta para continuar trabajando como instituciones al servicio de la ciudadanía, órganos autónomos impulsores de la consolidación de la democracia en el país y parte de un sistema electoral independiente, abierto y cívicamente responsable. 

En el marco de la reunión que magistradas y magistrados electorales de la Sala Superior del TEPJF y consejeras y consejeros del Consejo General del INE sostuvieron con las presidencias de los 32 tribunales electorales estatales, se subrayó, además, que en la medida en que todos los órganos electorales logren identificar las vías idóneas para fortalecer jurisdiccionalmente al sistema electoral mexicano, se fortalecerá también al ejercicio de los derechos de la ciudadanía. 

Asimismo, se destacó que, de cara a los comicios a celebrarse en los próximos tres años, encuentros como este que se llevó a cabo en el Aula Magna “José Fernando Franco González Salas” de la Escuela Judicial Electoral (EJE), permitirán identificar las vías idóneas para fortalecer jurisdiccionalmente al sistema electoral mexicano y, con ello, al ejercicio de los derechos político-electorales de los ciudadanos. 

En la reunión, que se suma a la que sostuvieron en días pasados con los organismos públicos locales electorales (OPLE), participaron, por parte del TEPJF, el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, las magistradas Janine Otálora Malassis y, de manera virtual, Mónica Soto Fregoso, así como los magistrados presidentes de las salas regionales y Especializada. 

Por parte del INE, el consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello, el consejero Martín Faz Mora y las consejeras Adriana Favela Herrera y, de manera virtual, Carla Humphrey Jordan, además del secretario ejecutivo del Consejo General, Edmundo Jacobo Molina. 

Al hacer uso de la palabra, el magistrado presidente Reyes Rodríguez afirmó que es tarea de todas las autoridades electorales fomentar el círculo virtuoso de la democracia, por lo que los institutos electorales y los tribunales locales, las salas regionales, el Consejo General del INE y la Sala Superior del TEPJF tienen la obligación de construir una cultura política de apego a la ley, de respeto a las diferencias y de fomento al diálogo democrático.  

Advirtió que la justicia electoral está comprometida con la resolución independiente de las controversias electorales, pues sin independencia gana la corrupción. Está comprometida con la imparcialidad, la neutralidad y con un arbitraje en donde los protagonismos personales se hacen de lado para dar paso a las instituciones, añadió.  

Por su parte, el consejero presidente Loreno Córdova destacó la importancia de la colaboración y la comunicación entre las autoridades jurisdiccionales y administrativas que conforman el sistema electoral nacional ordenado por la reforma de 2014, la cual buscó la homologar procesos e instituciones de la democracia mexicana y elevar su calidad. “El futuro del SNE depende en gran medida de la colaboración y comunicación de las instituciones que lo integran. No hay 32 sistemas judiciales y 32 administrativos; a partir de 2014 hay sólo un sistema nacional de elecciones y en ese barco vamos todos juntos”, afirmó. 

Córdova enfatizó que ante los ataques que en el mundo prevalecen hacia las instituciones democráticas, las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales deben ser diques de su defensa. “Si logramos mejor comunicación, sin lugar a dudas, estaremos celebrando muchos años más de paz pública, de recreación del poder político a través de los cauces democráticos y pacíficos y, por cierto, muchos años de democracia”.  

En su oportunidad, y por medio de videoconferencia, la magistrada Mónica Soto Fregoso afirmó que hoy se cuenta con tribunales electorales estatales fuertes, los cuales marcan la dinámica para impulsar la maximización de los derechos políticos-electorales de los ciudadanos. Hizo énfasis en que la democracia nace en cada rincón del país, por ello, reconoció la labor de las autoridades administrativas y jurisdiccionales locales. 

A su vez, la consejera Adriana Favela mencionó que gracias a las decisiones que han tomado las autoridades jurisdiccionales locales se ha avanzado en la paridad con congresos paritarios en todas las entidades federativas y el aumento de presidentas municipales; sin embargo, aún quedan pendientes en materia de violencia por razón de género que debemos atender. “Debemos mandar un mensaje muy fuerte de no tolerancia a la violencia política contra las mujeres por razón de género en ningún caso, ya sea en las elecciones, cuando contienden, pero sobre todo en el ejercicio del poder que es cuando son más violentadas”, dijo. 

En su intervención, la magistrada Janine Otálora Malassis, señaló que este tipo de ejercicios de colaboración y unión de las instituciones electorales administrativas y jurisdiccionales, permiten garantizar la democracia y el cumplimiento de la legislación en la materia, siempre y cuando, indicó, se respeten las competencias respectivas y, sobre todo, la autonomía e independencia de cada uno de los organismos. En ese sentido, dijo que es a través de esa unión como se contribuye a poner en el centro a la ciudadanía, así como la protección y garantía de sus derechos políticos-electorales.  

En tanto, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña manifestó que la reforma de 1996 creó un sistema electoral sólido, en el cual existen el ahora INE y el TEPJF, dos instituciones que trabajan de manera unida. El diseño electoral, apuntó evidencia que las autoridades administrativas y los tribunales electorales deben trabajar en alianza, de ahí, subrayó, la importancia de generar sinergias para llevar a cabo metas comunes. 

A través de videoconferencia, la consejera Carla Humphrey llamó a las magistradas y magistrados de los tribunales electorales de las 32 entidades federativas a que, junto con las autoridades administrativas, lleven a cabo una evaluación de las elecciones de 2021, en la que se podría ver cómo funcionó la reforma en Violencia Política en Razón de Género, la modernización e innovación para potenciar el ejercicio de los derechos político-electorales, los procesos de participación ciudadana donde se debe repensar la forma de participación y los criterios en materia de fiscalización.