Francisco Garfias

Lo que propuso el gobierno federal al INE para financiar la revocación de mandato es un austericidio. Obliga al árbitro electoral a celebrar una consulta muy limitada y poco creíble. El recorte de más de 4 mil millones de pesos que la mayoría oficial en la Cámara de Diputados impuso al instituto, obliga a instalar, en el mejor de los casos, sólo un tercio de las más de 160 mil casillas requeridas, lo que se traducirá en poca participación ciudadana.

La 4T no sólo negó la ampliación presupuestal de 1,738 millones de pesos que el INE solicitaba –menos de la mitad de los 3 mil 800 millones que inicialmente presupuestó–, sino que exige que el revocatorio, tan cacareado como “democracia participativa”, se convierta una consulta “patito”.

El “austero” plan del gobierno, presentado en la mañanera de ayer, pretende que el ejercicio sea financiado con reducciones salariales a funcionarios de mando y de enlace.

Pero también la eliminación de estímulos al personal, la cancelación de los seguros de gastos médicos mayores y de separación individualizada. Propone se limite el uso de celulares, los viáticos y los pasajes; que los funcionarios asignados a la consulta coman en fondas.

No quiere equipos de computación ni de telecomunicaciones caros, ni gastar en boletas electorales impresas en papel de seguridad. Exige ahorrar en arrendamientos.

“¿Dónde quiere que estén (los locales del INE), en la banqueta? Rayan en el ridículo”, escribió en Twitter uno de los consejeros que más incomodan al gobierno federal: Ciro Murayama. “¿Y qué renta el INE? Los locales donde se ubican casi 800 módulos de atención ciudadana para tramitar la credencial”, puntualizó.

El consejero presidente, Lorenzo Córdova, también fue cáustico en su reacción: “Acaban de descubrir cómo abaratar el costo del INE. Hay que desenmascarar cuando estas propuestas están formuladas sin ningún sustento técnico mínimo y alguna seriedad”, dijo en un semanario virtual organizado por el PRD.

El gobierno se escudó detrás de un “no hay dinero” para justificar el austericidio. El titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, argumentó, además, que no hay precedente de que se haya otorgado una ampliación presupuestal a los órganos autónomos.

No se necesita un sesudo análisis para concluir que el ejercicio de revocación de mandato es costoso e innecesario. Ya vimos lo que cuesta y sabemos el resultado de antemano. La polémica alrededor del asunto ha servido también a Morena –y al presidente López Obrador– para intentar desacreditar al Instituto Nacional Electoral.

El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, llegó al extremo de poner una denuncia penal en contra de los consejeros electorales que, en uso de sus atribuciones, votaron un acuerdo para posponer los trabajos de la consulta para la revocación de mandato.

El tiempo se encargará de poner a cada quien en su lugar.

*Se multiplican las denuncias sobre abusos cometidos en Veracruz, bajo pretexto de “ultrajes a la autoridad”.

Integrantes de la Comisión Especial del Senado que investiga arbitrariedades cometidas en el estado que gobierna Cuitláhuac García, se reunieron ayer con abogados y colegas del diputado federal electo del PRD, Rogelio Franco Castán.

Franco, quien fuera secretario de gobierno con Miguel Ángel Yunes, fue detenido en Tuxpan, Veracruz, hace diez meses, luego de que su exesposa, Guillermina Alvarado, lo denunciara por supuesta violencia familiar “basado en evidencia falsa, errónea”, según sus defensores.

Leemos que durante el arresto hubo jaloneos. Fue suficiente para que al diputado electo le decretaran prisión preventiva por “ultrajes a la autoridad”. Caso extraño. Según Yazmín Copete, expresidenta municipal perredista del municipio Santiago Tuxtla, las hijas de Franco iban a venir ante la comisión a rendir testimonio a favor de su padre, pero la madre las amenazó.

Hablamos con Yazmín después de la rueda de prensa que encabezaron los senadores Dante Delgado, presidente de la Comisión; Verónica DelgadilloMiguel Mancera, y la presidenta del PRD en la CDMX, Nora Arias, entre otros.

En la rueda de prensa habló el abogado de FrancoLuis Enrique González. Calificó la detención de su cliente como un acto arbitrario, injustificado y desapegado del Estado de derecho. “No es un golpeador de mujeres. Es un preso político”, aseguró.

Rogelio Franco está vinculado a tres procesos por otros tantos delitos: ultrajes a la autoridad, abuso de autoridad, y peculado equiparado. La comisión, según Dante, ya tiene documentados otros 50 casos de abuso en Veracruz, entre ellos de José Manuel del Río Virgen, secretario tecnico de la Jucopo en el Senado.

Publicado en Excélsior