La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda informó que detectó que una empresa de familiares de Jesús Murillo Karam fue beneficiada con licitaciones de la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y que dirigia Gerardo Ruiz Esparza, entre 2013 y 2015 justo cuando él se desempeñaba como procurador general de la República por lo que se habría configurado el delito de tráfico de influencias, defraudación fiscal y lavado de dinero.

Por estas acciones, la UIF presentó una denuncia por estos ilícitos el 14 de noviembre de 2022 ante la Fiscalía General de la República a través de una denuncia por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“En esas condiciones, la Unidad de Inteligencia Financiera, con facultades para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita, identificó que la PEP mencionada posiblemente esté relacionada con un esquema de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito previsto en el Código Penal Federal (Artículo 400 Bis), debido a que una empresa familiar, en la que destaca como socios sobrino, yerno e hijos de la PEP, resultó beneficiada con contratos del gobierno federal cuando éste se desempeñaba en su cargo”.

En una tarjeta informativa, la unidad que dirige Pablo Gómez, detalló que tras un análisis de riesgos respecto de las personas mexicanas expuestas políticamente (PEP) y mencionadas en la investigación de los Pandora Papers, se pudo detectar que la empresa ligada al exprocurador obtuvo contratos de la SCT.

La UIF concluyó que dichas licitaciones se habrían dado como un intercambio de favores entre funcionarios pues el secretario del exprocurador era el hijo de Gerardo Ruiz Esparza, quien en dicho periodo fungía como titular de Comunicaciones y Transportes.

“En este sentido, se identificó que la referida empresa, en el periodo de 2013 a 2015, obtuvo licitaciones por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y en ese mismo lapso la PEP tenía como secretario al hijo del entonces titular de la SCT, por lo que, posiblemente se trató de un esquema de contraprestaciones mutuas, en donde a través de influencias se benefició con contratos a la empresa familiar”, expuso la Unidad de Inteligencia Financiera.

Además, la empresa familiar presentó diversas irregularidades en su forma de constitución, ya que los domicilios manifestados no son acordes con las actividades que indicó realizar.

De igual forma, fiscalmente declaró deducciones similares a sus ingresos acumulables lo que hace inviable el sostenimiento económico de la misma, al tener ganancias mínimas, situación que contrasta con el volumen de contratación pública que recibió y las operaciones financieras frente a lo declarado fiscalmente; también se identificó envió y recepción recursos con empresas simuladoras listadas en el 69 B del Código Fiscal de la Federación, por lo que podría dar lugar a una posible defraudación fiscal.

Aunado a lo anterior, se identificó que en 2017 la Murillo Karam recibió 2.8 millones de dólares por concepto de un retorno de inversión del extranjero. Además, en el periodo de 2020 a 2021 colocó en el extranjero 26.5 millones de pesos en cuentas propias, recurso que no fue declarado al fisco.

El pasado 19 de agosto, un día después de que la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa reveló que 33 exfuncionarios estuvieron implicados en el crimen de Estado que llevó al asesinato de los 43 normalistas de la Escuela Normal Isidro Burgos, la Fiscalía General de la República (FGR) libró una orden de aprehensión contra el exprocurador Jesús Murillo Karam.

Fueron elementos de la Policía Federal Ministerial quienes ejecutaron la orden de captura cuando Murillo Karam salía de su domicilio en las Lomas de Chapultepec.

El exfuncionario enfrenta imputaciones por los delitos de desaparición forzada, tortura y obstaculización de la justicia.

Fuente: Forbes