La entrevista de la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, con el periodista Joaquín López-Dóriga, lejos de despejar las dudas sobre la relación de nombres y medios difundida desde el espacio gubernamental denominado “Derecho de Réplica”, dejó abiertas nuevas interrogantes sobre el origen, propósito y alcance de ese ejercicio. Ante los cuestionamientos directos del periodista, Alcalde sostuvo que no se trató de una lista de periodistas opositores, sino de un análisis sobre un supuesto “ecosistema digital” integrado por trolls, bots y cuentas que, de acuerdo con su explicación, retoman contenidos de medios, periodistas y analistas para construir artificialmente determinadas tendencias en redes sociales.

El problema para la funcionaria apareció cuando López-Dóriga comenzó a confrontar sus explicaciones con el propio contenido de la presentación. El periodista le preguntó de manera directa por qué se elaboró la relación de nombres, quién ordenó la investigación, para qué se hizo y qué finalidad tenía identificar públicamente a periodistas y medios críticos. Alcalde respondió que el trabajo no era suyo y que se había realizado desde enero, antes de que ella asumiera la Consejería Jurídica en mayo, aunque posteriormente reconoció que el equipo bajo su responsabilidad retomó ese análisis para incorporarlo al programa “Derecho de Réplica”. La explicación, sin embargo, no aclaró quién elaboró originalmente el documento ni quién tomó la decisión de presentar públicamente los nombres.

López-Dóriga también puso sobre la mesa una de las contradicciones centrales: si el objetivo era demostrar la existencia de una red de cuentas automatizadas, ¿por qué era necesario exhibir a periodistas y medios cuyos contenidos supuestamente eran retomados por esas cuentas? Alcalde insistió en que los comunicadores no eran señalados como integrantes de la operación, sino como la fuente original de contenidos que posteriormente serían utilizados por trolls para modificar, editorializar o descontextualizar mensajes.

La consejera jurídica sostuvo que existen alrededor de medio millón de cuentas coordinadas, presuntamente impulsadas y financiadas, incluso con presencia en países como España, Estados Unidos, Argentina, Ecuador y Venezuela. Sin embargo, cuando el periodista le preguntó quién estaría detrás de esa supuesta operación y quién la financia, Alcalde admitió que no podía identificar al responsable. Tampoco presentó durante la entrevista elementos concretos que permitieran establecer quién estaría pagando esa estructura o cuáles serían las pruebas que sustentan esa afirmación.

Otro momento particularmente revelador ocurrió cuando López-Dóriga cuestionó la utilización de expresiones como “comentarócratas” y señaló que la propia presentación distinguía entre medios, periodistas, analistas y comentaristas, mientras colocaba sus contenidos dentro de una estructura descrita como parte de un ecosistema de ataque. Alcalde trató de matizar el concepto y afirmó que nunca se dijo que los periodistas fueran parte de las cuentas de ataque. Sin embargo, el periodista insistió en que los nombres sí fueron colocados dentro de una presentación oficial del Gobierno, circunstancia que podía producir precisamente el efecto de estigmatización que la funcionaria negaba.

La discusión adquirió mayor profundidad cuando López-Dóriga recordó que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue mencionado y cuestionado 316 veces desde las conferencias mañaneras, particularmente durante 2023 y 2024. El periodista planteó que no es comparable la capacidad de respuesta de un comunicador con la de un Presidente de la República que habla desde Palacio Nacional y utiliza recursos públicos. Alcalde defendió el derecho de los presidentes a responder a las críticas y sostuvo que las conferencias representan un ejercicio democrático y transparente.

Pero López-Dóriga marcó una diferencia fundamental: una cosa es responder a una crítica y otra descalificar públicamente a un periodista desde la máxima tribuna del poder político. Recordó además que él no es un “periodista opositor”, como llegó a plantearse durante la discusión, sino un periodista crítico, y subrayó que precisamente ahí radica uno de los riesgos de elaborar y difundir listas con nombres de comunicadores.

La entrevista también dejó al descubierto otra contradicción. Mientras Alcalde aseguró que los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación han protegido la libertad de expresión y que jamás se ha utilizado el poder presidencial para callar a un periodista, López-Dóriga recordó las reiteradas descalificaciones públicas sufridas durante el sexenio anterior. Para el comunicador, el riesgo no está solamente en que una autoridad diga que una persona forma parte de una determinada categoría, sino en que la exposición desde el poder pueda convertirse en una señal para terceros y generar agresiones, intimidación o persecución.

El periodista resumió su posición en dos hechos: sí hubo una presentación con nombres de periodistas y medios, y esos nombres fueron identificados dentro de un supuesto ecosistema digital. Alcalde, por su parte, mantuvo hasta el final que no se trataba de una “lista negra” ni de una relación de opositores, sino de un análisis de redes sociales.

Sin embargo, la entrevista no consiguió responder las preguntas fundamentales: ¿quién ordenó elaborar el listado?, ¿quién seleccionó los nombres?, ¿con qué metodología fueron incorporados?, ¿qué evidencia existe sobre la supuesta red de medio millón de cuentas?, ¿quién la financia?, ¿qué autoridad realizó la investigación y con qué facultades?, y por qué un ejercicio destinado a explicar el funcionamiento de bots necesitaba identificar públicamente a periodistas y medios?

Más que aclarar el episodio, la conversación evidenció una defensa política y conceptual que no terminó de explicar el origen ni el propósito de la controvertida relación. Y en un país donde la libertad de expresión y la seguridad de periodistas constituyen asuntos especialmente sensibles, el problema no desaparece simplemente cambiándole el nombre a una lista: si el Gobierno identifica públicamente a comunicadores desde una plataforma oficial, tiene la obligación de explicar con absoluta claridad qué información está difundiendo, con qué sustento y cuál es la finalidad de hacerlo.

Para López-Dóriga, el punto quedó establecido: él no es un periodista opositor, es un periodista crítico. Y precisamente por eso, sostuvo, no aceptará que desde el poder se pretenda establecer qué periodistas son aceptables, cuáles son incómodos y cuáles deben ser colocados bajo el reflector gubernamental.